Sigue adelante. El Tribunal Constitucional (TC) rechazó la demanda de inconstitucionalidad en contra de la nueva Ley Universitaria y ratificó su vigencia. La implementación de la norma significa la renovación de las autoridades y de los estatutos en las instituciones educativas públicas y privadas.
La demanda fue admitida en agosto del 2014 y fue interpuesta por el 25% de congresistas, representados por Martha Chávez (Fuerza Popular), entre los que están los legisladors que son dueños o que tienen algún vínculo con entre otros. Luego se sumaron otros tres de Colegios de Abogados.
Los magistrados que votaron a favor de la vigencia de la Ley Universitaria son los magistrados Óscar Urviola Hani, Manuel Miranda Canales, Carlos Ramos Núñez, Marianella Ledesma Narváez y Eloy Espinosa-Saldaña Barrera. En tanto, Ernesto Blume Fortini y José Luis Sardón emitieron "voto singular".
parte resolutiva del fallo.
El núcleo de la demanda contra la nueva ley apuntaba a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), que el Ministerio de Educación considera como uno de los elementos fundamentales para implementar la reforma en el sector.
En este punto, el TC fue claro en su resolución, al señalar que la Sunedu no afecta en nada la autonomía, universitaria, que era el reclamo central de los demandantes, porque "no incide en las potestades que tienen las universidades en su régimen normativo".
Punto clave.
La resolución también sostiene de forma clara que el "Estado debe cumplir con la supervisión que es llevada a cabo por la Superintendencia Nacional de Educación Superior (Sunedu) de un modo plenamente compatible con dicho instituto", y agrega que "la regulación de las universidades incluida en la Ley Universitaria no resulta contraria a principio constitucional alguno".
Otro punto que resalta en el fallo es que si bien el TC señala que "podría existir algún nivel de interferencia en la libertad de empresa y el pluralismo económico, pero resulta constitucionalmente legítima a la luz de un alto nivel de satisfacción y a la luz del derecho de los usuarios del servicio".
El colegiado agregó que "la conformación del consejo directivo [de la Sunedu] no puede ser cuestionada, en abstracto, por su falta de imparcialidad objetiva".
La Ley Universitaria fue promulgada a poco más de un año, y pese a las resistencias de poderosos sectores que lucran con la educación, se está consolidando: el 87% de las universidades públicas ya adecuaron sus estatutos a la nueva ley y el 9% está en proceso de hacerlo, según cifras de la Sunedu que divulgó Ricardo Cuenca, del IEP, en LaMula.pe.
En cuando al caso de las universidades privadas, tres de cada cuatro tienen nuevos estatutos alineados a la reforma universitaria, que busca que el estudiante sea el centro de un sistema enfocado en una educación con estándares mínimos de calidad, a la excelencia y mejora continua.
Este es el fallo completo del TC:
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