Luego de que el Estado peruano declare de interés nacional a los casos de esterilizaciones forzadas practicadas durante el segundo gobierno de Alberto Fujimori (1995-2001), el congresista Héctor Becerril negó que estas prácticas hayan sido política de Estado del gobierno de su líder.
"Es una política de control de la natalidad, no fueron esterilizaciones forzadas. Fue dentro del plan mundial, con objetivos. Ahora han maximizado el caso, solo fueron 30 casos que han sido producto de algunos excesos de algunos médicos en forma privada. Si tu quieres tomarlo como exceso o delito, creo que sí: operar a una mujer sin su consentimiento tiene que ser penado por la ley y aquellos médicos tienen que estar sometidos a la ley. De ahí, a extrapolar esto a que el gobierno fujimorista tuvo una política de Estado no es cierto", dijo en declaraciones a Canal N
Estas declaraciones de Becerril se produjeron luego de la publicación de la norma, hoy en El Peruano, que anuncia la creación del Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas con el objetivo de reparar en justicia a las mujeres afectadas por esta práctica, además de que la defensa jurídica de las afectadas será asumida por el Ministerio de Justicia.
Lo que dice Becerril no es preciso. En primer lugar, no son 30 casos de esterilizaciones forzadas. Si bien no hay cifras oficiales (y a esto se debe la creación del Registro), los informes de la Defensoría del Pueblo y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señalan que existen más de 2,000 denuncias de estos casos ante el Ministerio Público.
Sobre la responsabilidad de los médicos y si fue o no política de Estado del gobierno de Fujimori hay que aclarar dos puntos. Un reciente informe del diario La República reúne los testimonios y documentos de los médicos que denunciaron este caso en los años noventa. Ellos se basaron en un oficio de la Dirección Regional de Salud de Piura que ordenaba efectuar 250 esterilizaciones en cuatro días.
"Era absurdo que en un establecimiento tan pequeño con un solo quirófano disponible se pretendiera hacer semejante cantidad de esterilizaciones. Me dijo que ya estaba todo arreglado, que nosotros teníamos que asumir ese trabajo y ejecutarlo en cuatro días. Para mí ese documento era una ofensa a la dignidad de las mujeres y de la de los médicos", cuenta, a La República, Rogelio del Carmen, médico anestesiólogo del Centro de Salud Materno Infantil de Castilla en Piura en 1997.
Del Carmen y una decena de médicos decidieron no participar en esta campaña, lo cual fue comunicado a la dirección regional de salud, pero, como recibieron respuestas agresivas, hicieron la denuncia ante la Fiscalía.
Las esterilizaciones forzadas no fueron prácticas aisladas, fueron sistemáticas y dirigidas a un sector específico de la población (en este caso mujeres de escasos recursos económicos de zonas altoandinas). Y sí fue una política de Estado de Fujimori, ya que esto dependía del Ministerio de Salud, que estaba dirigido en ese entonces por Alejandro Aguinaga, actual congresista de la bancada fujimorista Fuerza Popular.
"Todo lo que yo he firmado eran órdenes del Ministerio de Salud, desde el más alto nivel. Todas eran directivas nacionales, todas las circulares, campañas con determinados números de AQV a realizarse. Era en ese momento una estrategia del Ministerio de Salud. Las solicitudes que nosotros hacíamos siempre eran por órdenes del máximo nivel", afirmó el médico Luis Beingolea More, extitular de la Dirección Regional de Salud de Piura.
El Decreto Supremo Nº 006-2015-JUS declaró de interés nacional el caso de las esterilizaciones forzadas y dispuso la creación del registro de víctimas. Las mujeres afectadas esperan justicia, así no les guste a los fujimoristas.
(Foto de portada: El Heraldo-Congreso)
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