El presidente de México, Enrique Peña Nieto, trató de minimizar el alcance del histórico fallo de la Corte Suprema de su país, que abre las puertas a la legalización de la marihuana con fines recreativos y sin ánimo de lucro.

La actitud de mandatario no sorprende, sobre todo si se tiene en cuenta las encuestas: casi el 80% de los mexicanos está en contra a este paso.

Peña Nieto se limitó a ofrecer la apertura de un debate nacional y señaló  que México ha promovido en foros internacionales, incluyendo la ONU, una "amplia discusión para enfrentar el desafío global de las drogas".

De hecho, el portavoz del Gobierno, Eduardo Sánchez, marcó la distancia oficial respecto al fallo:

“La resolución sólo atañe a las cuatro personas que presentaron el litigio, por tanto, no modifica la política de combate contra el crimen organizado ni la del comercio de estupefacientes”.

Y para que no quedan dudas, el consejero jurídico del gobierno, Humberto Castillejos, remató así:

“La siembra, suministro y comercialización siguen siendo un delito. La marihuana no ha sido legalizada”.

Así, la única ventana que dejó abierta el Ejecutivo mexicano fue la necesidad de un abrir un debate, pero enfocado a “la mejor regulación para inhibir el consumo de drogas”.

¿Qué implica el fallo?

La Sala Primera de la Corte Suprema, en su histórico fallo del miércoles autorizó -por cuatro votos contra uno- el consumo, cultivo, transporte y posesión de marihuana a una asociación de consumidores. 

No es un cheque en blanco, porque el fallo circunscribe la autorización a los cuatro promotores de la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante, promotres del litigio.

Pero sí allana el camino para que otros ciudadanos puedan hacer lo mismo. En la práctica, el fallo sienta un precedente para eliminar de la legislación las restricciones actuales, porque prioriza la libertad individual sobre el daño a la salud, y admite, como parte del derecho al desarrollo libre de la personalidad, el autoconsumo lúdico y sin fines comerciales. 

El abogado de los litigantes, Fabián Aguinaco, lo resume así:

“La sentencia considera a los mexicanos entes libres y autónomos, y abre con ello un capítulo histórico”.

En tanto los cuatro litigantes –Juan Torres Landa, Josefina Riaño, Pablo Girault y Armando Santacruz– pidieron que tanto el Legislativo como el Ejecutivo de México modifiquen la actual normativa.

Landa sostiene que es obligación de las autoridades de su país proteger los derechos reconocidos en el fallo:

“Es hora de que la prohibición desaparezca. Hemos puesto el primer clavo en su ataúd”.

Los demandantes alegan que México puede "seguir caminando hacia el precipicio" en la lucha contra la drogas. 

Y los números no dejan lugar a dudas: el gasto en seguridad aumentó un 800% en 10 años y el resultado fueron 100.000 muertos y 20.000 desaparecidos.

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