El ministro de Economía, Alonso Segura, le respondió al alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, quien pidió su renuncia luego de que su sector anulara los contratos de licitación de los corredores viales porque la administración edil no cumplió los procedimientos para sucribirlos.
El titular del MEF subrayó que, al no tener argumentos, el burgomaestre capitalino busca politizar el caso de los ejes viales y agregó que la reforma de transporte debe respetar la ley.
“El alcalde está tratando de volver un tema que es eminentemente de competencia y de respeto a la ley, en un tema político y de adjetivos, porque sabe que no tiene argumentos”.
Desde noviembre de 2014, el MEF le advirtió a la Municipalidad de Lima que los contratos firmados sobre los corredores viales eran nulos, porque no tenían la opinión previa del referido sector como lo establece la ley. A pesar de ello, la administración de Castañeda siguió suscribiendo contratos y licitando corredores sin cumplir con el procedimientos adecuado.
Segura -quien aseveró que no renunciará al cargo- explicó que la opinión del MEF es necesaria en este caso, no solo porque la norma así lo establece, si no también porque los contratos de concesión pueden comprometer de forma indebida recursos públicos.
“El contrato nunca vino. Ese es justamente el problema, nunca pidieron la opinión, pese a que la Municipalidad lo sabía (…) Se han saltado esa opinión y es lo que nos genera este impasse (…) La solución parte por reconocer que no se han cumplido esos procedimientos”.
Explicó que si bien su sector es respetuoso de la autonomía municipal, a la vez le compete asegurar que toda obra edil se realice de acuerdo con las normas hacendarias y de inversión pública, resguardando los recursos públicos, que son de todos los peruanos.
A su criterio, la comuna capitalina es libre de implementar los corredores viales y llevar a delante la reforma del transporte en Lima, lo cual es apoyado por el Ejecutivo, pero ello debe hacerse en un marco de estricto respeto y cumplimiento de la ley y los procedimientos, algo a lo que Castañada no parece estar acostumbrado: varias de sus obras no cumplieron las normas (el tercer carril de la Costa Verde, el bypass de 28 Julio, Río Verde, etc.)
“Todas las entidades tenemos que cumplir la ley. Acá me parece alarmante que pretendan esconderse de la ley. En el caso de otros corredores, la propia municipal declaró nula la adjudicación, siguiendo el mismo marco normativo. No se debe ser desconocer la ley”.
Segura expresó que si el municipio capitalino acude al Tribunal Constitucional (TC) por este caso, puede hacerlo, pero avizoró que en esta instancia quedará claro que la competencia del Ejecutivo es resguardar hacienda pública y la rectoría de la inversión pública y privada.
Agregó que al ser este un tema técnico, debe ser tratado sin argumentos de corte político ni adjetivos, y expresó su voluntad de sentarse a dialogar con el alcalde Castañeda para llegar a una solución.
Agregó que en este caso hay dos caras de una misma moneda: la reforma del transporte y el resguardo de los recursos públicos.
“Es fácil hacer ataques políticos, lanzar adjetivos, etc., pero la Contraloría tendrá que pronunciarse en su momento, eso es parte del proceso porque es un tercer actor el que tiene que ver si se han cumplido los procedimientos”.
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