A propósito del proyecto de ley Nº 4871, propuesto por el congresista Javier Velásquez Quesquén, el cual busca sancionar con 8 años de cárcel la difusión de conversaciones grabadas sin consentimiento del interlocutor, especialistas y funcionarios se han manifestado contra esta ley que podría atentar contra la libertad de expresión.
Por ejemplo, para el abogado de Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), Roberto Pereira, “si esa norma entrara en vigencia mañana, los 'petroaudios' no podrían ser difundidos o la gente del Canal 4 se tendría que ir presa. Por el audio del 'tío Alan' y su batería tendrían que ir también presos los que lo difundieron en el Canal 2”, según informó La República.
Por su parte, el congresista Alberto Andrade Carmona consideró que es "una mordaza a los medios de comunicación" que no busca acabar con la corrupción. “Muchos de los temas que ahora son investigados en el Poder Judicial son precisamente los que se perciben por los audios y grabaciones; si se prohíben nunca podría caer ningún corrupto. Este proyecto no debe prosperar”, aseguró el parlamentario, según informa el Heraldo de Congreso.
Desacuerdo en la bancada
La opinión de su compañero de bancada en el Congreso, Mauricio Mulder, es que si bien el proyecto no vulnera a libertad de expresión, "hay suspicacias en este tipo de cosas y lo mejor es que proyectos como estos no se propongan”. Agregó que el proyecto debe ser analizado en la Comisión de Constitución.
Si bien el proyecto aclara que "queda exento de pena si el contenido de la grabación de audio o video difundidos un hecho punible", el mismo Mulder ha dicho que este proyecto se presta a "suspicacias"; en un momento en el que medios periodísticos han revelado audios que vinculan a acusados de narcotráfico con importantes líderes políticos, como el expresidente Alan García.
Al respecto, el legislador Yonhy Lescano fue más allá, y consideró que la propuesta de Velásquez Quesquén obedecía a la investigación por el caso 'Lava Jato' en el que se investigará presuntos pagos que empresas brasileñas habrían realizado en los últimos gobiernos del Perú a fin de obtener las licitaciones para realizar grandes obras de infraestructura.
“El partido aprista se está adelantando para que las pruebas recogidas no sirvan para condenar los actos de corrupción. En el 'Caso Lava Jato' hay correos electrónicos donde se le involucra al expresidente García. Quieren que haya impunidad”, afirmó.
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