La terquedad de la actual gestión municipal encabezada por Luis Castañeda Lossio respecto a seguir adelante con la construcción del bypass de la avenida 28 de Julio -proyecto al que la Contraloría General de la República investiga desde abril de este año- puso en riesgo la vida de los miles de transeúntes que a diario pasan por la zona. 

¿La razón? Se demolieron dos grifos como parte de las obras del proyecto sin cumplir con el procedimiento que establece el Ministerio de Energía y Minas para este tipo de instalaciones.

Un informe de la Unidad de Investigación del diario El Comercio señala que desde julio pasado, el Minem rechazó los pedidos de la Municipalidad de Lima para desaparecer estas edificaciones e hizo observaciones al plan de abandono de los establecimientos -ubicados uno frente al otro en la intersección de las avenidas 28 de Julio con Garcilaso de la Vega y Arequipa- presentado por la comuna metropolitana.   

Pero lejos de subsanar los cuestionamientos del Ministerio de Energía y Minas, y de esperar la posterior aprobación de su Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos (DGAAE) para proceder con su remoción, los funcionarios ediles y de la empresa brasileña OAS demolieron los grifos y retiraron a mediados de agosto siete tanques subterráneos con residuos de combustible empleando maquinaria pesada, sin seguir el protocolo exigido por el mencionado portafolio.

Los grifos, de propiedad de los hermanos Milagros y Luis Bustíos Espinoza, estaban inactivos desde hacía dos y cuatro años, respectivamente, y contaban con surtidores, tuberías, pozos de fugas, tableros electrónicos y pozos a tierra. De acuerdo con el testimonio de Milagros Bustíos, propietaria de uno de los establecimientos, los tanques aún conservaban alrededor de 50 galones de residuo de combustible.

Según el Minem, el procedimiento correcto consistía en cerrar los accesos al área de trabajo, desconectar las líneas eléctricas de los dispensadores, extraer todo el combustible de los tanques, y verificar la inexistencia de vapores mediante un exposímetro MSA, que debía arrojar un límite inferior de explosividad por debajo del 10% al momento de las acciones. Además, los residuos generados tras el lavado de tanques debían clasificarse como peligrosos por una empresa autorizada por ellos.

Sin embargo, un vecino identificado como Algemiro Julcapoma Arroyo advirtió una “peligrosa destrucción y manipulación irresponsable” de los dos grifos y grabó por segundos los trabajos con maquinaria pesada en la construcción, en los que uno de los tanques era elevado por un brazo mecánico, y producto de esa acción chorreaba combustible al parecer mezclado con el agua que habían vertido previamente.

Esta situación fue denunciada por Julcapoma Arroyo ante el Ministerio de Energía y Minas, que dio -a través de su dirección ambiental- a la gestión de Luis Castañeda Lossio un plazo de 10 días para que aclare estos hechos, pero hasta el 6 de octubre no recibieron ninguna explicación. Tampoco respondieron a la consulta efectuada por El Comercio sobre las medidas que adoptaron para el retiro de los grifos.

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Con información de El Comercio y foto de cabecera de la Municipalidad de Lima