La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó un documento sobre la 'auténtica crisis de refugiados' que viene atravesando Estados Unidos al albergar en su territorio a miles de familias y menores no acompañados que llegan masivamente hasta su frontera en el sur. 

Es así que calificó de 'arbitraria y automática' la política de detención con la que las autoridades estadounidense afrontan las crisis, arrestando a todos aquellos indocumentados en el país. 

Al respecto, Rose-Marie Antoine, la presidenta de la CIDH, indicó:

“Esto es ante todo una crisis de refugiados, y debe como ser tratada como una crisis de refugiados".

Y aunque la diferenciación entre términos es sutil, su utilización es muy importante en la practica.

A pesar de que todos los inmigrantes están protegidos bajo el derecho internacional, cuando se habla de 'refugiados' se debe reconocer que estas personas necesitan de medidas especiales para que no vuelvan a caer en la situación de riesgo de la que estaban escapando.

Esto incluye que no podrán ser devueltos a sus territorios, donde sus vidas y libertades corren peligro. 

Sin embargo, este no es el único punto en el que el Gobierno estadounidense y la CIDH están en desacuerdo.

Y es que el documento 'Refugiados y migrantes en Estados Unidos: familias y niños no acompañados' hace un fuerte crítica a las condiciones de los extranjeros que llegan a los EEUU sin documentos  y que son privados de su libertad al interceptarlos en la frontera. 

Cabe resaltar que Estados Unidos abordó la llegada masiva de menores no acompañados (más de 51.000) y de otras 61.000 familias provenientes de Centroamérica, abriendo varios centros de detención para darles techo de manera temporal. Dos de ellos están en Texas y el tercero en Pensilvania. 

Sin embargo, después de un año, varias familias siguen a la espera de que su caso sea atendido en condiciones criticadas por las organizaciones civiles y ahora, por la CIDH.

Asimismo para la Organización de Estados Americanos (OEA), la detención de migrantes es una medida 'desproporcionada' que debe ser sustituida inmediatamente por 'medidas alternativas'. 

Es así que se establece que los migrantes deben ser trasladados a otros entornos menos restrictivos y por el menor tiempo posible. De esta manera, se deben dejar de lado las condiciones punitivas o carcelarias que actualmente imperan en los centros de detención habilitados.

Al respecto, la relatora sobre los Derechos de la Niñez, Rosa María Ortiz, indicó que las condiciones de los centros mencionados dificultan el acceso a una adecuada representación legal que ayude al solicitante de asilo a completar el intrincado camino para llegar a establecerse legalmente en el país:

“Se los trata como si estuvieran detenidos por la comisión de un delito y no por una situación de migrante”.

Además planteo la interrogante que se cuestiona por cómo un niño puede entender cómo expresar el miedo que tiene por volver a su país de origen frente a la opción de perder su refugio y ser deportado. Asimismo advirtió sobre la dificultad de los centros para rendir cuentas ante eventuales abusos cometidos en sus instalaciones. 

Cabe resaltar que el informe de la CIDH sale a la luz un día antes de que expire el plazo otorgado por una juez de California, para que el Gobierno libere a las familias retenidas en los centros. 

Y es que en julio, la juez Dolly gee, dijo que la situación de privación de libertad de las familias violaba el acuerdo 'Flores versus Meese' de 1997, pacto que impide enviar a menores a centros de detención que no cumplan con unos requisitos básicos. Además, también pide que se de prioridad a su puesta bajo custodia de un familiar o tutor legal.

Y aunque Jeh Johnson, secretario de Seguridad Nacional, ordenó agilizar los procesos de tramitación de los casos de menores y sus familiares, pidió una prórroga para aplicar la decisión de Gee.

(Foto de cabecera: peru.com)