El año pasado, durante los eventos internacionales previos a la COP20, el presidente Ollanta Humala dio discursos ante una audiencia mundial pendiente de la lucha contra el cambio climático. Quienes lo escucharon sin conocer lo que ocurre en el Perú lo aplaudieron, quienes están al tanto de los conflictos socioambientales en el país y cómo ha actuado el gobierno peruano no le creyeron. Fueron discursos para la tribuna –aseguraron–, aunque con buenas intenciones. Este año, en los mismos eventos, ahora previos a la COP21, los discursos han sido similares. ¿Es el Estado peruano respetuoso del medio ambiente y de las poblaciones nativas e indígenas? Hay un discurso oficial y una realidad que muestra algo distinto.

Ejemplos de esto último los hay (y no pocos), en la Amazonía y en los Andes. Y uno de ellos, importantísimo aunque no lo suficientemente ponderado en la agenda medioambiental de este gobierno, es el de Sierra del Divisor, zona reservada de más de 1 millón de hectáreas en la frontera entre el Perú (Loreto y Ucayali) y Brasil (Acre) cuyos habitantes esperan desde el 2012 que el gobierno lo convierta en parque nacional.

Tres años después, un proceso de consulta previa positivo y un expediente técnico aprobado en mayo pasado por el Consejo de Coordinación de Viceministros, la Presidencia del Consejo de Ministros sigue sin emitir el decreto supremo por el cual Sierra del Divisor cambiaría de categorización. Los nativos de la zona han venido una y otra vez a Lima en busca de reuniones con el gobierno y de una respuesta final positiva, pero siempre han regresado a su territorio con las manos vacías. Y los dirigentes se han sentido frustrados, incluso con temor de que los miles de peruanos a quienes ellos representan no les crean o decidan iniciar una protesta y que esto se convierta en un conflicto socioambiental.

La categorización de Sierra del Divisor como parque nacional le brindará mayores herramientas para defender a la zona de las amenazas de mineros y taladores ilegales, así como cultivos ilícitos de hoja de coca y la construcción de trochas ilegales.

Por ello, ante el silencio del gobierno y la consecuente incertidumbre, y habiendo cumplido todos los requisitos, las comunidades nativas aledañas a Sierra del Divisor pidieron a la Defensoría del Pueblo que demandara por incumplimiento del acuerdo que lograron en proceso de consulta previa.

Así, hoy la entidad ha presentado una demanda constitucional contra la PCM y el Ministerio del Ambiente por la vulneración del derecho de consulta previa, que cuenta con las firmas de los líderes indígenas que actualmente están en la capital. En ella pide que se cumpla con emitir el decreto supremo, en cumplimiento de los acuerdos suscritos el 31 de enero del 2014 entre el Estado y los pueblos indígenas Matsés, Ashéninka, Huambisa, Isconahua y Shipibo Conibo.

"Hemos presentado una demanda de amparo para que se respete básicamente el derecho a la consulta previa", dice Daniel Sánchez, jefe del programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, a LaMula.pe.  

Al explicar los argumentos de esta decisión, señala que si bien se han hecho procesos de consulta previa, todavía –por parte del Ejecutivo– no hay un compromiso total para que los acuerdos a los que se han arribado sean de cumplimiento obligatorio. "Sierra del Divisor va a sentar un precedente para todo el marco de protección del derecho a la consulta previa. Esta no es un juego, es un mecanismo potente para el diálogo pero también de obligatorio cumplimiento cuando se alcanzan acuerdos".

El proceso para categorizar esta área protegida empezó en el 2006. En enero del 2014 terminó el proceso de consulta previa que se hizo a cinco pueblos indígenas, representados por seis comunidades. En mayo de este año, el Consejo de Viceministros aprobó la propuesta técnica y todo está en manos de la PCM.

¿El Ejecutivo hará mea culpa y recuperará el tiempo perdido? El funcionario espera que sea así en tanto que el estudio técnico no ha tenido reparo alguno y antes de la aprobación de los viceministros fue supervisado y tuvo el visto bueno del Sernanp. "No hay razón alguna para no declarar el cambio de categorización a parque nacional", subraya Sánchez.

"La peor señal es que el Estado peruano diga en un discurso de la COP que es responsable en temas ambientales y que el futuro de la humanidad se juega en torno al cambio climático y que en la práctica no atienda un caso concreto como Sierra del Divisor, que es justamente el ejemplo típico para evitar la posibilidad de deforestación y que puede ayudar a reducir los efectos del calentamiento global ya que absorbe mucho CO2", añade. 

"Han transcurrido 20 meses desde la suscripción de los acuerdos durante el proceso de consulta. Nuestra institución y los pueblos indígenas hemos remitido diversas comunicaciones a la PCM y no hemos obtenido, hasta la fecha, respuesta para la protección de esta zona”, dice la Defensoría en la demanda.

Sánchez advierte que “la falta de protección los hace vulnerables a diversas actividades ilícitas: sembríos de coca para narcotráfico, tala y minería ilegal. Asimismo, impide la titulación de las tierras comunales de diversas comunidades colindantes a Sierra del Divisor, debido a que están a la espera de que se defina el área del parque para poder culminar con este trámite”.

Tal vez en Lima no entienden esta necesidad y no vean la oportunidad que brinda este parque nacional. En realidad, estamos no solamente ante un 'paraíso' sino también ante un potencial paisajístico insuperable y económicamente sostenible mediante la venta de bonos de carbono. "Proteger esta área permitiría captar aproximadamente 150,000 toneladas de CO2, que equivale a casi el 40% de todo el carbono que produce el Perú diariamente”, dice el representante de la Defensoría del Pueblo.

Mientras en Brasil el Estado de ese país sí decretó el Parque Nacional da Serra do Divisor, estaremos a la espera de la respuesta –ojalá positiva– del Ejecutivo, ¿o seguirá en silencio?   

Mira el video en el que el defensor del pueblo(e), Eduardo Vega Luna, se pronuncia sobre Sierra del Divisor

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