Más de 272 mil personas fueron esterilizadas por el Ministerio de Salud durante el gobierno de Alberto Fujimori, pero se desconoce el número exacto de aquellas mujeres que fueron esterilizadas de manera forzada. Por ello, Amnistía Internacional (AI), organización de derechos humanos, pide al Estado peruano que registre y repare en justicia a las víctimas de esta práctica, en una campaña mundial llamada #ContraSuVoluntad.
Ayer por la mañana, AI acompañó a un grupo de mujeres víctimas de esterilizaciones forzadas para que compartan sus testimonios en una conferencia pública y para el lanzamiento de esta campaña de sensibilización sobre las consecuencias del "programa de salud" que impulsó el gobierno de Fujimori. Al respecto, la organización pide al Estado peruano "garantizar justicia y reparaciones para las mujeres víctimas de esterilizaciones forzadas".
Otra de las características de este programa fue que se enfocó en los sectores más pobres y de las zonas de la sierra peruana. Por ello, se acusa que estas esterilizaciones constituyen "delitos de lesa humanidad" porque atacan a un sector específico de la población.
“Gran parte de las mujeres afectadas son indígenas y campesinas de bajos recursos y quechua hablantes cuya salud se vio afectada y deteriorada como consecuencia de los procedimientos quirúrgicos a los que fueron sometidas sin ser debidamente informadas,” dijo Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Perú.
Según la Defensoría del Pueblo, entre los años 1996 y 2001 se realizaron 272,028 operaciones de ligaduras de trompas y vasectomías en todo el país. Sin embargo, no se conoce con exactitud el número de mujeres que fueron operadas sin su consentimiento. El cálculo estimado es que más de 2 mil de ellas fueron esterilizadas de manera forzada.
“El gran número de esterilizaciones forzadas que tuvieron lugar en los 90 en el Perú ha dejado una ola de sufrimiento que solo podrá comenzar a remediarse si sus víctimas tienen acceso a la justicia y a reparaciones,” dijo Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Para AI, esto constituye una grave violación a los derechos humanos de las mujeres. "Tanto sus cuerpos como sus derechos fueron vulnerados contra su voluntad, con engaños, amenazas e información falsa", afirma.
“Es imperativo que las autoridades comiencen a remediar estos terribles abusos de manera urgente. Crear un registro de todas las mujeres que sufrieron este flagelo e iniciar investigaciones sobre la cadena de responsabilidad serían buenos primeros pasos", agregó la directora de AI.
Esperanza Huayama brindó su testimonio como parte de la campaña internacional "Contra su voluntad: un registro, miles de historias". Ella tiene 59 años, es de Huancabamba, Piura. "Como las mujeres campesinas hemos sido analfabetas, ellos han hecho lo que han querido", afirma.
- Firma la petición aquí: http://www.nomas.pe/contrasuvoluntad
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