Su presencia en el gabinete era insostenible. La lamentable actuación que tuvo Gustavo Adrianzén como titular de Justicia en la polémica destitución de la procuradora Julia Príncipe, cesada de manera injustificada del cargo, precipitó su salida del Ejecutivo.

"Con aras de contribuir a la necesaria estabilidad que demanda nuestro país, he presentado ante el señor presidente de la República mi renuncia irrevocable al cargo y esta ha sido aceptada", dijo en un pronunciamiento en la sede del Ministerio de Justicia (Minjus) Adrianzén, cuya censura en el Pleno del Congreso este jueves era inminente.

Pataleta y papelón

La versión de su salida del Minjus ya venía circulando en las redacciones periodísticas, y era cuestión de tiempo para que se dé, pero Adrianzén se fue del Ejecutivo fiel a su estilo: defendiendo lo indefendible -ni siquiera el oficialismo se animó a respaldar el cese de la procuradora- en un tono desafiante y propotente. 

El exministro justificó la destitución de Príncipe, al alegar que se debió a una supuesta inconducta funcional, pese a que el proceso administrativo en su contra por declarar sobre el caso de la primera dama Nadine Heredia sin su 'autorización' ni siquiera había acabado. "Mi decisión es por un desacato a la ley [de parte de Príncipe]. No se trata de un tecnicismo menor. Mi deber es hacer que la ley se cumpla", dijo.

Desacato, desobediencia, insubordinación, fueron algunos calificativos que usó Adrianzén para referirse el cese de Príncipe luego de 13 años de servicio al Estado, sin ningún ápice de mea culpa.

Incluso defendió que el hecho que haya usado los métodos de la mafia de Rodolfo Orellana para tratar de enlodar la impecable trayectoria de Julia Príncipe como abogada del Estado.

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