El ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, y las cuatro empresas operadoras de telecomunicaciones que brindan servicios en el Perú firmaron hoy el protocolo de la denominada 'Ley Stalker', que permitirá a la Policía Nacional acceder a la geolocalización de los equipos móviles que usen los delincuentes para cometer sus ilícitos.
A grandes rasgos, Pérez Guadalupe explicó que el proceso de geolocalización empezará cuando se presente una denuncia en las comisarías, las cuales la remitirán a las unidades de investigación policial de la zona donde se está cometiendo el delito.
Estas, a su vez, remitirá el caso a la Dirincri, donde personal especializado, tras analizar la denuncia, la remitirá al fiscal para obtener la convalidación judicial del operativo, tras lo cual se enviará la respectiva solicitud a las operadoras (Telefónica, Claro, Entel y Bitel) para proceder a la geolocalización.
En ese sentido, el titular del Interior remarcó que el Decreto Supremo 1182 es claro en señalar que este procedimiento “está referido estrictamente a los datos de localización o geolocalización y se excluye expresamente cualquier tipo de intervención de las telecomunicaciones”.
Es decir, de ninguna manera se accederá al contenido de los mensajes; solamente se podrá obtener datos referidos a la ubicación del teléfono celular, a través de coordenadas.
Entre los delitos que son materia de localización o geolocalización, se encuentran extorsión, secuestro, homicidio calificado, feminicidio, violación sexual, hurto o robo agravado, tráfico ilícito de drogas y trata de personas.
POLICÍAS SERÁN CAPACITADOS
Pérez Guadalupe informó que en una primera etapa, 50 agentes de la Unidad Especializada de la Policía Nacional iniciarán un curso de capacitación a cargo de profesores tanto del Ministerio del Interior como de las cuatro operadoras. Posteriormente, otros 200 miembros de las unidades de investigación policial a nivel nacional se sumarán al curso.
“Para noviembre ya tendremos funcionando al 100% este sistema de geolocalización”, agregó el ministro, que dijo que los policías seleccionados fueron sometidos a entrevista personal y pasaron por examen psicológico. Además, se tomó en cuenta que dichos efectivos posean conocimientos en tecnologías de información y no tengan sanciones por falta grave.
TRANSPARENCIA
La Inspectoría del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional realizarán auditorías operativas relacionadas con el cumplimiento del presente procedimiento. Al mismo tiempo la Contraloría General de la República, a través del Órgano de Control Institucional (OCI), velará por el adecuado cumplimiento de lo dispuesto por el referido decreto legislativo.
Son pasibles de sanción administrativa, civil y penal, por el uso indebido de los datos de geolocalización: los denunciantes o el personal policial que realicen actos de simulación de hechos conducentes a la aplicación de la geolocalización; los que valiéndose de su oficio, posición, jerarquía o cargo, induzcan, orienten o interfieran de algún modo en el procedimiento, y los concesionarios de servicios de telecomunicaciones así como todos los que participan en este proceso que no guarden la reserva correspondiente.
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Con información de Andina y foto de cabecera de La República
