La procuradora de Lavado de Activos, Julia Príncipe, respondió este jueves al premier Pedro Cateriano, quien la acusó de no ser sincera sobre los permisos que solicitó al Ministerio de Justicia para declarar a la prensa en otros gobiernos.
Anoche, en una conferencia de prensa en Palacio de Gobierno, el jefe del gabinete aseguró que Príncipe -quien denunció una 'mordaza' del Ejecutivo para que no se refiera públicamente a los casos y denuncias que implican a la primera dama Nadine Heredia- sí pidió permisos para declarar a la prensa en otros gobiernos.
“No entiendo a qué se refiere el primer ministro al decir que no he sido sincera. Mi verdad es esta, no hay otra. (…) Quizá él haya sido mal informado”, subrayó Julia Príncipe.
La procuradora precisó que en 2011 solicitó autorización a los exministros de Justicia Rosario Fernández y Francisco Eguiguren, pero no para hablar de una investigación en curso o un caso en particular, sino para defenderse en los medios de comunicación de los ataques mediáticos y difamatorios de la red de Rodolfo Orellana.
“Lo cierto es que en 2011 solicité autorización para declarar en razón a los ataques difamatorios de la red criminal de Orellana, lo hice para defender mi honor y el de mi familia, jamás he solicitado autorización para declarar por un determinado caso, entonces no sé a qué se refiere el premier al decir que no he sido sincera”, insistió Príncipe en declaraciones a la prensa.
Por este caso, el titular de Justicia, Gustavo Adriánzén, está cerca de ser censurado -ya la oposición presentó la moción respectiva luego de que no convencieran sus explicaciones durante su interpelación en el Congreso-.
El Consejo de Defensa Jurídica, que preside Andrianzén, abrió un proceso disciplinario a Príncipe que podría terminar en su destitución. Previamente, el 10 de junio, el ministro envió un oficio a todos los procuradores en el que les advierte que serán sancionados si declaran a los medios sin autorización.
Príncipe sostuvo que se trata de una medida inconstitucional para amordazar a los abogados del Estado frente temas espinosos para el gobierno, como el caso de Nadine Heredia, quien afronta investigaciones y denuncias por corrupción.
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