Para nadie es un secreto que la buena estrella que tienen los apristas en el Poder Judicial. Y Tula Benites lo demuestra. La exlegisladora fue una de las primeras congresistas en ser acusadas por la contratación irregular de un trabajador 'fantasma' en el Parlamanto que reveló una investigación periodística.
El Pleno del Congreso la suspendió en el 2007 y en el 2008 fue desaforada del Parlamento. Pero -¡oh, sorpresa!- fue absuelta por la Corte Suprema en 2014, y ahora, con esa sentencia en sus manos, Tula Benites decidió demandar al Poder Legisltivo y, por su fuera poco, exige S/.2.5 millones por los conceptos de “daño moral, daño personal, lucro cesante y daño emergente”.
El recurso fue admitido a trámite el 28 de agosto pasado por el Tercer Juzgado Civil de Lima y notificado el 8 de setiembre a la Procuraduría del Congreso.
En su demanda, la exlegisladora aprista sostiene expresamente que solo por lucro cesante deberá recibir S/.450.000, y alega que “abarca aquello que he dejado de percibir debido a la abusiva acusación constitucional y consiguiente proceso penal”.
La defensa legal de Tula Benites argumentó que la aprista solo propuso a Juan Carlos Cuadros Noriega, pero la Gerencia del Personal del Congreso fue el área responsable de su contratación.
Con ese aelgato, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema absolvió a Benites en febrero del 2014, tras considerar que no se pudo acreditar responsabilidad penal en la exlegisladora.
En ese entonces, el fiscal supremo Pablo Sánchez -hoy fiscal de la Nación- pidió un nuevo juicio a través del dictamen 397-2014. El magistrado señaló que “existe documentación que indica haber seguido el trámite (Tula Benites) para la contratación de Juan Carlos Cuadros, pero no existe ni un indicador de la labor efectiva”. O sea, era un trabajador 'fantasma'.
Pero, otra vez, la buena estrella judicial del Apra brilló. El pedido de Pablo Sánchez fue rechazado.
¿Le pagará el Congreso?
Al parecer, a estas alturas, al Poder Legislativo no le queda mucho margen de maniobra para evitar 'indemnizar' -con el dinero de todos los peruanos- a la excongresista Tula Benites.
El Comercio accedió a un informe de la Oficina de Asesoría Jurídica del Congreso, fechado el 23 de setiembre pasado, que recomienda que “el pago de las remuneraciones devengadas se suspenda hasta que el Poder Judicial defina el derecho de la ex congresista Benites, mediante una sentencia consentida”.
Ahora el pedido de indemnización de Tula Benites se encuentra en manos de la actual Mesa Directiva.
Mal precedente
El congresista aprista Mauricio Mulder considera que este caso es un “pésimo precedente”. “El Congreso es un ente autónomo y sancionó de acuerdo a lo que creyó correcto, en lo ético por la Comisión de Ética y en los indicios de delito por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales”, dijo.
Este fallo a favor de Tula Benites puede ser usado por la exlegisladora Elsa Canchaya, cuya sentencia judicial por contratar como asesora congresal a su empleada doméstica fue anulada por el Tribunal Constitucional (TC) en el 2013. En este periodo, la legisladora Celia Anicama (sí, la 'robacable') pidió la devolución del sueldo que no cobró cuando fue suspendida.
