Ante las recientes declaraciones de Keiko Fujimori en la Universidad de Harvard, en las que responsabiliza a los médicos de ser causantes de las miles de víctimas de las esterilizaciones forzadas ocurridas durante el gobierno de su padre, Alberto Fujimori, Hiperactiva Comunicaciones y la publicación El Gran Angular lanzan la campaña #contraelolvido, que busca que las nuevas generaciones conozcan lo que fue esta política de Estado, y que haya justicia y reparación para las víctimas.

El lema de esta campaña es "Tu silencio alimenta la impunidad", y difundirá vídeos testimoniales de víctimas procedentes de Ayacucho, Cusco, Piura y Huancayo, además de mensajes de apoyo de personajes como el historiador Antonio Zapata, el economista Pedro Francke y el exprocurador Julio Arbizu.

CÓMO SE IMPULSARON LAS ESTERILIZACIONES FORZADAS

En el marco del programa de ajustes económicos impuestos en 1990 por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, que curiosamente están de visita en Lima por estos días, el gobierno de Alberto Fujimori puso en marcha el programa de Planificación Familiar, con el objetivo de "erradicar la pobreza".

Bajo la venia de Fujimori y de sus ministros de Salud, entre ellos el actual congresista Alejandro Aguinaga, se esterilizó de manera forzada a 300 mil mujeres y 22 mil varones, la mayoría procedente de zonas andinas y de lengua quechua. Producto de esta política, 18 mujeres fallecieron, y hay más de 2.000 denuncias "por haber sido ligadas sus trompas contra su voluntad".

Pese a esto, Keiko Fujimori afirmó en Harvard que esto fue responsabilidad de los médicos y no del gobierno de su padre. Esto ha sido rechazado no solo por las víctimas, sino por el presidente de la Federación Médica, Jesús Bonilla, quien indicó que fue una política de Estado y que muchos médicos fueron obligados a aplicarla, bajo amenaza de despido.

HISTORIA DE LA SITUACIÓN LEGAL Y ACTUALIDAD

Este caso fue llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en el 2003, suscribió con el Estado peruano un acuerdo en el que se debe investigar y sancionar a los responsables de esta acción de gobierno, indicó la directora de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), Gloria Cano.

Pese a esto, el 2009 la Fiscalía cerró el caso. En octubre del 2011 se volvió a reabrir, para que luego el fiscal Marco Guzmán Baca vuelva a archivar la investigación. Empero, el exprocurador Julio Arbizu, que ahora es abogado de las víctimas, indicó que el plazo de investigación ha sido ampliado por seis meses.

Sobre el caso, el historiador Antonio Zapata recordó que "estas campañas fueron una prolongación radical y extrema de políticas de control de natalidad que estaban en vigencia en el mundo entero, patrocinadas por organismos internacionales (Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial) incluso por las Naciones Unidas; pero a la hora de implementar estas políticas públicas en el caso peruano se aplicaron con los procedimientos habituales en el Gobierno de Fujimori: de una manera autoritaria y violenta”.

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