El sábado 26 de setiembre, unos días antes de que cesaran las facultades especiales para legislar que el Congreso le otorgó al gobierno central, el Ejecutivo emitió el Decreto Legislativo 1241 que pretende reforzar la lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas (TID).
El problema con este decreto es que es posible que estimule conflictos sociales en regiones de la Selva Alta del país. Si bien el decreto refuerza la labor de las instituciones involucradas en la lucha contra el TID, también promueve la erradicación forzosa contra la que las comunidades de agricultores afectados ya han mostrado su masivo rechazo: la protesta en Constitución que dejó un agricultor muerto y varios heridos.
Este decreto podría ser estímulo de futuros conflictos si el gobierno no tiene la voluntad de diálogo necesaria para un sector que tiene como único modo de supervivencia el cultivo de hoja de coca.
El Centro de Investigación de Drogas y Derechos Humanos (CIDDH) emitió un pronunciamiento sobre esta nueva medida del gobierno que si bien revela cierta preocupación por la lucha contra el tráfico y producción de drogas, podría generar el efecto que el país no necesita, luego de una sucesión de conflictos sociales (Conga, Espinar, Las Bambas, Tía María) que tuvieron como lamentable daño colateral la vida ciudadanos que salieron a protestar.
"El Decreto lista una reiteración de competencias y funciones, incidiendo en el campo de la producción y cultivo de coca, reiterando la prohibición (no penal) del cultivo, límites de producción en las áreas empadronadas, erradicación forzosa en el resto, monopolio de ENACO pese a que ésta no cumple su función. Significa una triple sanción a los 305,000 campesinos peruanos dedicados al cultivo de la coca en 16 cuencas de la Selva Alta: (i) que no reciben propuestas concretas del Estado en materia de Desarrollo Alternativo, como lo muestra el Proyecto Especial VRAEM; (ii) son forzosamente erradicados o son amenazados de serlo, y ahora, (iii) reciben la amenaza de ser criminalizados en caso de re siembra (3/8 años de prisión)"
El criterio del decreto parece haber sido 'criminalizar para disuadir'; sin embargo, aun cuando eso fuese cierto, el Estado no le ha dado muchas alternativas eficientes ni condiciones de vida al agricultor para reemplazar su modo de subsistencia (plantar hoja de coca).
(Foto de cabecera tomada de www.viewheadlines.com)
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