Los padres de los 43 estudiantes desaparecidos hace casi un año en el municipio de Iguala, expresaron su decepción tras la reunión que sostuvieron con el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto.
Según denunció el abogado de las familias, Vidulfo Rosales, el mandatario no se comprometió a cumplir ninguna de las ocho demandas presentadas por los padres de familia.
"De manera unilateral esgrimió seis posibles compromisos" que "no son sustanciales" y que muchos de ellos "ya estaban acordados", agregó Rosales en una conferencia de prensa realizada en la capital mexicana tras la reunión.
Por su parte, el portavoz del Gobierno, Eduardo Sánchez, informó que los familiares de los jóvenes presentaron al mandatario un documento con ocho demandas las cuales, según dijo, serán analizadas por Peña Nieto.
Entre ellas está el respeto a la escuela de Ayotzinapa y el cese a la estigmatización de los normalistas; que los expertos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) permanezcan un año vinculados a las investigaciones y que el Gobierno cumpla con sus recomendaciones así como una atención digna e inmediata a heridos y familiares.
Pero en vez de atender estas demandas, el presidente de México les informó a los padres las decisiones que por su cuenta había tomado el Gobierno sobre este caso.
Según anunció el portavoz del Gobierno, algunas de estas fueron la ampliación del mandato de los expertos de la CIDH, un nuevo peritaje en el basurero donde presuntamente los estudiantes habrían sido calcinados y la creación de una fiscalía especializada para la búsqueda de personas desaparecidas.
Sin embargo, todas estas medidas anunciadas por el Gobierno fueron criticadas por los padres de los estudiantes.
Para el abogado de las familias, Vidulfo Rosales, "el hecho de prorrogar el mandato (de los expertos de la CIDH) por seis meses no es un compromiso nuevo" y tampoco continuar con la investigación, "pues es algo a lo que está obligado".
Sobre la creación de la fiscalía, dijo que rechazan "totalmente" esta decisión, ya que tiene que constituirse "al tenor y resultado de la ley general de desaparecidos que se está discutiendo" y "realizarse en consulta con todas las víctimas de desaparición en el país".
Según explicó Rosales, este caso amerita que se cree "una unidad especializada de investigación con dos instancias". Una que se aboque a la búsqueda de los estudiantes desaparecidos y otra que se dedique a determinar las responsabilidades de los funcionarios que cometieron irregularidades durante la investigación.
Los padres, quienes desde ayer realizan una huelga de hambre de 43 horas, aseguraron en la rueda de prensa que lejos de parar su lucha, van a ser la "piedra en el zapato" del Gobierno.
Cabe señalar que según la versión de la fiscalía mexicana, los estudiantes fueron detenidos por policías corruptos de Iguala y entregados a miembros del cártel Guerreros Unidos, quienes presuntamente los asesinaron e incineraron en un basurero del municipio de Cocula.
Dicha versión fue cuestionada a principios de septiembre por un grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a partir de un nuevo peritaje realizado por el experto en incendios José Torero, quien concluyó que es imposible que los jóvenes fueran quemados en el basurero.
Con información de EFE.
