El Gobierno promulgó este jueves un paquete legislativo -en virtud de las facultades delegadas por el Congreso en materia de seguridad ciudadana- que prohíbe a policías y militares en actividad prestar seguridad privada, pero a través de empresas que ofrecen este servicio.
"Es incompatible la prestación o desarrollo de servicios de seguridad privada, teniendo la condición de integrante de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, en situación de actividad o disponibilidad", señala el artículo 4 del decreto publicado en El Peruano y que regula la labor de las empresas privadas que ofrecen este servicio.
Otra de las medidas de la norma dice que los agentes de las compañías privadas pueden utilizar armas de fuego para sus funciones, pero con las restricciones que indica la Ley 30299, es decir, pueden usarlas cuando tienen "la finalidad de proteger la integridad físicas de las personas y la seguridad de bienes", pero no en eventos públicos.
Además, se precisa que la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) supervisará y fiscalizará a las personas naturales y jurídicas que ofrecen seguridad privada.
El decreto también establece que las compañías que brinden el servicio de seguridad privada en actos públicos deberá entregar a Sucamec "la relación de personal que participa" en cada actividad.
UN TEMA DE FORMA MÁS QUE DE FONDO
Sin embargo, la norma no se refiere con claridad a los policías que, en su día de franco y por sus bajos sueldos, se ven obligados a cuidar negocios, bancos y otras instituciones privadas, pero de forma particular, es decir, no trabajan para ninguna empresa de seguridad privada.
Ese es el problema de fondo que no se está abordando, porque la norma ataca, al parecer, un problema más de forma, que ya el presidente Ollanta Humala había adelantado en su último mensaje a la Nación por Fiestas Patrias, cuando anunció que los “policías no podrán usar uniforme en trabajos privados”.
Así, es probable que los policías busquen otras maneras de conseguir ingresos extras. Al parecer, se trata de otra norma que busca más un impacto mediático que práctico.
