Como respuesta a la creciente participación de menores de edad en actos delcitivos como extorsiones y sicariato, el Gobierno -al amparo de las facultades legislativas- modificó, vía decreto, el Código de los Niños y Adolescentes.
La medida, que deberá ser reglamentada en un máximo de 90 días, eleva la internación de menores en centros juveniles de un máximo de 6 a 10 años para casos de adolescentes que cometan delitos graves (extorsión, sicariato, homicidio calificado, feminicidio, violación sexual, pandillaje pernicioso, robo agravado, entre otros).
Además, los menores de entre 14 y 16 años serán internados hasta un máximo de ocho años. Y si bien la internación seguirá siendo cumplida en centros juveniles, el decreto establece que cuando los menores cumplan la mayoría de edad, serán trasladados a un centro penitenciario regular, donde serán recluidos en un sección especial, separada de la población de adulta y recibirán un tratamiento individualizado para su resocialización.
LETRA MUERTA
Hasta ahí, la medida parece ser una declaratoria de buenas intenciones, pero ¿tendrá el impacto disuasivo que se busca? ¿Nuestro sistema penitenciario está preparado para resociabilizar a alguien? Para nadie es un secreto que los penales del país son 'escuelas' del hampa, que quienes entran ahí salen peor. Así que desde esa perspectiva, no parece una medida realista.
Además, tiene otros problemas que limitan su impacto, como explica el penalista Roberto Miranda. La principal es que la medida no reduce la edad inimputabilidad de los adolescentes, es decir, los menores serguirán siendo tratados como infractores. "Esta medida no es disuasiva. Además, ni siquiera hay centros de rehabilitación adecuados para esta población", anotó.
Un dato más: el 55% de los internos juveniles en el país tiene entre 16 y 17 años, y principalmente cometieron delitos como homicidio, robo agravado, hurto y violación sexual, según datos del Poder Judicial.
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