Cerca de la medianoche, el Pleno del Congreso aprobó el informe final de la comisión parlamentaria que investigó las relaciones que tuvo con el Estado el exoperador de Vladimiro Montesinos, Óscar López Meneses. Aquí las principales claves del documento.
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El RESGUARDO POLICIAL
De acuerdo con la investigación realizada por la comisión que presidió Juan Díaz Dios (Fuerza Popular) e integraron Javier Velásquez Quesquén (Concertación Parlamentaria) y Cecilia Tait (Unión Regional), se dispuso de forma irregular de agentes y unidades policiales para que resguarden la casa de López Meneses.
Según la comisión, la medida fue ordenada en mayo del 2012 por Adrián Villafuerte, exasesor presidencial de Ollanta Humala, y por Raúl Salazar, quien por ese entonces era el director general de la Policía Nacional.
La orden fue ejecutada por el general (r) PNP Aldo Miranda y Wilfredo Pedraza, exministro del Interior, tenía conocimiento de ella, señala el informe final del referido grupo investigador.
Para los parlamentarios, el origen de esta orden queda establecido en las comunicaciones telefónicas entre Salazar y el exasesor en temas de seguridad de Humala.
LA AYUDA MUNICIPAL
Según la sustentación de informe de Díaz Dios, a los contigentes policiales destinados a resguardar la vivienda, ubicada en Batallón Libres de Trujillo N° 2098, en Surco, donde vivía López Meneses y que era de propiedad del entonces jefe de las Fuerzas Armadas, el almirante José Cueto, se les sumaron unidades de serenazgos (motos y camionetas) que tuvieron el beneplácito del alcalde del distrito, Roberto Gómez Baca, y funcionarios de dicha comuna. El parlamentario precisó, además, que el resguardo ilegal duró 18 meses.
LOS ACUSADOS
El informe aprobado por el Congreso recomendó al Ministerio Público que investigue por asociación ilícita para delinquir e instigación de peculado de uso a Óscar López Meneses (a quien también se le acusó de lavado de activos), Adrián Villafuerte, Raúl Salazar, Luis Sanchez, Sergio Gallardo y Ángel Tito Murillo.
Bajo este mismo delito también se decidió incluir al almirante AP José Cueto Aservi, a los generales PNP -en situación de retiro- Aldo Miranda, Jorge Flores Goicochea, Luis Praeli Burga y Carlos Gómez Cahuas, así como al coronel PNP Walter Bailón y al comandante PNP Juan Fernández Guevara.
También se ha pedido investigar a Gómez Baca y a los exgerentes de la Municipalidad de Surco por presunta falsedad ideológica y asociación ilícita. Asimismo, la comisión investigadora pidió a la Fiscalía de la Nación tomar testimonio al presidente de la República para esclarecer el presunto vínculo que tendría con López Meneses en las elecciones del 2006.
LAS PERSONAS JURÍDICAS INVOLUCRADAS
La indagación parlamentaria también recomendó investigar a Police Segurity SAC y Non Risk SAC -vinculadas al capitán (r) PNP Sandro Espinoza Flores- por presunto lavado de activos, debido a movimientos irregulares de dinero.
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[Foto de portada: Andina]
[Con información de La República]
