Uno de los delitos más graves cometidos durante el régimen de Alberto Fujimori, en los años noventa, fueron las esterilizaciones forzadas contra muchísimas mujeres peruanas, engañadas con la premisa de reducir los niveles de pobreza.
Pese al tiempo pasado, hasta hoy no existe registro alguno de las víctimas que fueron sometidas a esta violación de los derechos humanos. Y lo que es peor, no hay intención de crearlo.
Porque según el viceministro de Derechos Humanos, Ernesto Lechuga, no se puede crear dicho registro debido a que el caso está judicializado.
¿Realmente es este un impedimento para reconocer a las víctimas?
RESPUESTA Y RECLAMO
Tras estas afirmaciones, ya algunas instituciones se han pronunciado.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) señaló:
"La CNDDHH hace pública su preocupación por las declaraciones del Viceministro de Derechos Humanos, Ernesto Lechuga, con relación a la negativa del gobierno de iniciar un registro de las mujeres víctimas de esterilización forzada. (...) Recordamos que las decisiones de políticas públicas no requieren decisión judicial previa, y que en el Perú tenemos como ejemplo el Registro Único de Víctimas a cargo del Consejo de Reparaciones, entidad del Poder Ejecutivo adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a cargo del registro de las víctimas del conflicto armado interno y que no ha necesitado de decisión judicial alguna para ser implementado. (...) A la fecha desde el Poder Ejecutivo no se ha hecho nada por reconocer la responsabilidad del Estado frente a estas mujeres."
A su vez, Amnistía Internacional, que ya había advertido sobre la necesidad de este registró, expresó:
"Es un hecho terrible que luego de 18 años de registrarse los primeros casos de esterilizaciones forzadas aún no se tenga un registro exacto a nivel nacional del número de personas, en su mayoría mujeres, que fueron sometidas a esta violación a sus derechos humanos. (...) La evidencia apunta a que las 2,074 víctimas incluidas en la investigación fiscal preliminar, representarían sólo una pequeña parte del total de mujeres afectadas contra su voluntad. Por tal motivo es necesaria la creación de un registro. (...) La existencia de un proceso de investigación a nivel fiscal no debe ser impedimento para que el gobierno peruano ofrezca una iniciativa para poder reparar a las víctimas de esterilizaciones forzadas. Un caso similar se dio en nuestro país cuando se creó e implementó el Registro Único de Víctimas de la violencia ocurrida en los años 1980 – 2000 mientras se realizaban las investigaciones y judicialización de casos."
