Mientras el gobierno dio por finalizado el proceso de consulta previa del Lote 192, a pesar de que las demandas de dos importantes federaciones indígenas de las cuencas de Loreto no han sido satisfechas (ni siquiera hay avances en la mayoría), la sociedad civil ha emprendido una campaña en apoyo de las comunidades nativas que viven en las zonas de influencia de este yacimiento petrolífero y que durante cuatro décadas han sufrido no sólo el daño de su medio ambiente sino también el deterioro de su salud.

Así, mediante la comunidad de Avaaz, un grupo de ciudadanos ha elaborado una carta dirigida al presidente Ollanta Humala en la que se pide que se respete el derecho a la consulta previa de las poblaciones indígenas, así como el derecho a vivir en un territorio sin daños ambientales, entre otros aspectos. 

"Los abajo firmantes reclamamos su atención a fin de manifestarle nuestra preocupación por la forma en que funcionarios de su gobierno vienen tratando los asuntos territoriales y ambientales de los pueblos indígenas del Perú, en especial los de aquellos pueblos indígenas del departamento de Loreto que vienen participando en la Consulta Previa para la operación del lote petrolero 192.
"Esta Consulta Previa, que según lo dispone el Convenio 169 de la OIT es de obligatorio cumplimiento para protección de los derechos de los pueblos indígenas y originarios de eventuales daños ante intervenciones en sus territorios y en sus comunidades, ha sido declarada como “concluida”, de forma unilateral por parte del Estado, a pesar de que los pueblos indígenas se mostraron abiertos a seguir dialogando. De ese modo, debido a la intransigencia y falta de voluntad del Ministerio de Energía y Minas y del Viceministerio de Interculturalidad para abordar los temas que más preocupan a los pueblos indígenas, no se lograron tener acuerdos por temas de vital importancia para los pueblos de las cuencas del Pastaza y Corrientes: a) obtener la apropiación legal (titulación) de sus territorios ancestrales, b) reparar los daños ocasionados a sus bosques, suelos y aguas por más de cuatro décadas de explotación inclemente y deficientemente técnica de empresas extractoras de hidrocarburos; c) compensar a sus comunidades por los daños ocasionados a su salud y a su reproducción económica y social; d) de tener garantías de no-repetición de estos daños, pues parten de la certeza que solo tienen un territorio y quieren conservarlo íntegro y sano para sus hijos y e) la participación en los beneficios que reporten las actividades sobre sus territorios lo cual es de obligatorio cumplimiento y de rango constitucional.
"Señor presidente ¿será que por reclamar una mejor atención del Estado y exigir que la explotación del recurso no se haga sin escrúpulos, para que el petróleo no siga destruyendo sus santuarios de vida como son la mayoría de estos territorios amazónicos, los indígenas estén robándole el futuro al pueblo peruano? Aún más, ¿que lleguen a ser tratados como esa malhadada e indignante frase de Alan García, “los perros del hortelano”? 
"¿Será que es un delito contra el Perú que los pueblos originarios quieran conservar su dignidad, preservando sus espacios de libertad y seguir siendo dueños y señores de su futuro, del bosque, de sus ríos y de sus vidas?; ¿será un delito que quieran acceder a la titulación de territorios donde no nació ninguna empresa petrolera sino que se impuso sin consulta por gobiernos pasados?; ¿será un delito que se exijan altos estándares tecnológicos y normativos para proteger sus aguas superficiales y subterráneas, ya que estas representan el núcleo de la vida espiritual y física de estos pueblos?


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