Los propietarios de la vivienda en Lince que el último viernes fue usurpada y saqueada por un grupo de 56 vándalos, de los cuales 52 de ellos fueron liberados pese a haber sido detenidos en flagrancia, señalaron que Zeta Gas -una de las cinco empresas envasadoras y comercializadoras de GLP investigadas por concertar precios- viene pagando la defensa legal de los imputados.
Y es que los agraviados han sindicado a Miguel Monge Alonso, gerente general de dicha compañía, como el responsable detrás de la irrupción de los sujetos que soldaron las puertas de su casa, se atrincheraron dentro, destruyeron todo a su paso y se apoderaron de sus objetos de valor.
Asimismo, indican que hace tres semanas la justicia ordenó a Zeta Gas Perú pagarle S/.538.000 a Domínguez Vásquez tras una sentencia en su contra por despido arbitrario y de acuerdo con su abogado Élmer Córdova, el Poder Judicial y la fiscalía han actuado con poca diligencia en su caso.
Mientras tanto, la única protección con la que cuenta Domínguez Vásquez y sus familiares ante posibles represalias de los vándalos liberados por orden de la magistrada Haydeé Vergara son los dos agentes policiales que desde ayer resguardan su inmueble.
Cabe resaltar que la decisión de Vergara Rodríguez ha generado indignación en diversos sectores, sobre todo en el Ministerio del Interior, cuyo titular, José Luis Pérez Guadalupe, dijo que este tipo de decisiones insólitas perjudican la lucha contra la creciente inseguridad.
En medio del escándalo, la Corte Superior de Lima separó de su cargo a Haydeé Vergara y envió el expediente de la magistrada a la Oficina de Control de la Magistratura para que inicie las investigaciones respectivas por inconducta funcional.
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Con información de El Comercio y foto de cabecera de La República
