Cuando Ilva Hoyos, la procuradora delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, Adolescencia y Familia, llegó a Cúcuta, la avalancha de reclamos no se hizo esperar. 

Y es que las mujeres asentadas en la ciudad fronteriza que brinda acogida a miles de colombianos que dejaron Venezuela, tras el cierre de la frontera que decretó el presidente Nicolás Maduro, denunciaron que las autoridades venezolanas habían atentado verbal, física y sexualmente, no solo contra mayores de edad, sino también en perjuicio de niñas. 

Hoyos instó a salvaguardar la seguridad de las mujeres colombianas que tienen que dejar Táchira:

"La Procuraduría ha tenido conocimiento de abusos sexuales de niñas y mujeres por parte de fuerzas de seguridad del Estado venezolano; nosotros, como Ministerio Público, solicitamos a la cancillería que se llame de manera urgente a que se respete la integridad de las mujeres que están transitando de Venezuela a Colombia".

Además, el miércoles pasado, Alejandro Ordóñez, procurador general de Colombia, señaló que estaba juntando información acerca del comportamiento de los militares venezolanos por las numerosas denuncias de abusos cometidos a los refugiados colombianos. Además el procurador dijo que presentará el caso ante la Corte Penal Internacional (CPI).

Ordoñez afirmó que desde el 19 de agosto, fecha en que se cerraron las fronteras, Venezuela cometió crímenes de lesa humanidad contra miles de colombianos que dejaban sus tierras. 

Por otro lado, el alcalde de Cúcuta, Donamaris Ramírez, afirmó que mañana interpondrá una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con sede en Washington, contra el presidente Maduro por los constantes atropellos por parte de los militares de su Gobierno hacia los colombianos. 

A la fecha, la Defensoría del Pueblo de Colombia indicó que han recibido 1014 denuncias por la conducta de las autoridades de Venezuela. El 34% de las quejas tienen que ver con la violencia física o verbal, el 29% con la desintegración familiar, y 17% al despojo de sus pertenencias y el 16% a la destrucción de sus viviendas. 

Es así que un equipo de profesionales de la salud como médicos, pediatras, odontólogos y psicólogos colombianos, ya se han movilizado hacia la frontera para atender a la población deportada. Entre las medidas de prevención que se adoptarán está el reforzamiento de la vacuna contra la varicela, hepatitis A e influenza. 

Al margen de ello, la situación sigue empeorando a pesar de que las cancilleres de ambos países, María Ángela Holguín y Delcy Rodríguez, se reunieron la semana pasada. Es tal la crisis diplomática que ambos gobiernos se han visto obligados a llamar a consulta a sus embajadores. 

En la misma línea, Holguín ha señalado que el presidente colombiano Juan Manuel Santos ha intentado comunicarse con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, pero que el mandatario no había atendido a sus llamadas. Una clara muestra de desinterés por evitar serios problemas diplomáticos entre ambas naciones. 

Al respecto, Santos ha declarado que lejos de querer enfrentarse con Maduro, lo que desea es actuar exactamente en modo opuesto que el presidente venezolano:

"Y si en otras partes destruyen casas, nosotros vamos a seguir construyendo, si en otras partes expulsan familias, nosotros vamos a seguir acogiendo, si en otras partes incentivan el odio, nosotros le apostamos a reconciliación. Esa es la Colombia solidaria, esa es la nueva Colombia que debemos estimular".

Maduro en Vietnam

A pesar de la terrible crisis fronteriza, Maduro llegó ayer a Vietnam donde realizará convenios petroleros y de apoyo financiero para beneficiar a su país terriblemente sumido en una escasez de productos básicos. 

Cabe resaltar que desde la expulsión, 1100 colombianos fueron repatriados y otros 7.200 decidieron regresar voluntariamente a su país. 

Las medidas internacionales

El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) se reunirá hoy en Washington para analizar la situación y ver si es necesario o no convocar a una reunión entre los cancilleres de todos los países miembros. 

De igual manera, este jueves, el caso será evaluado en Quito nuevamente por los cancilleres de los países integrantes de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). 

(Foto de cabecera: excelsior.com.mx)