La creciente ola de inseguridad en el Perú y la inacción de las autoridades en la lucha contra este flagelo ha obligado a la ciudadanía a tomar justicia por su propia mano. Y es en este contexto en el que nace la polémica campaña “Chapa a tu choro y déjalo paralítico”, en la que instan a través de las redes sociales a lesionar a los delincuentes que sean atrapados in fraganti. 

Pese a que esta solución se presenta como último recurso ante la inoperancia de las fuerzas del orden, los ciudadanos se exponen a ser denunciados por lesiones graves, delito que se castiga –según el artículo 121 del Código Penal– con una pena privativa de la libertad no menor de 3 ni mayor de 8 años.

Y en caso de que la violencia cobre una vida, los involucrados serán denunciados por homicidio y podrían recibir una condena de hasta 35 años de cárcel. Entonces, ¿con qué normativa cuenta la población para defender su integridad y la de los demás?

Una de ellas es el arresto ciudadano, figura legal que está contemplada en la Ley 29372 y en los artículos 259 y 260 del Código Penal y vigente desde julio de 2009 hasta la fecha, que detalla que toda persona puede arrestar a quien se detecte en flagrante delito.

Sin embargo, algunos especialistas consideran que se precisa una mejor difusión y capacitación de la ciudadanía sobre esta potestad debido a que esta facultad es mal utilizada en muchas ocasiones por las personas en su búsqueda de “hacer justicia”.

Es en este aspecto en el que recomiendan que la Policía Nacional debe implementar un trabajo comunitario con los vecinos de las zonas donde haya elevados índices delictivos, para que los comisarios conozcan cuales son las causas de estos hechos en sus respectivas jurisdicciones.

Por eso, en vez de convocar golpizas y linchamientos a personas que -en algunos casos- podrían terminar siendo inocentes, tanto la ciudadanía como las autoridades deben unir esfuerzos para acabar de una vez con el azote de la delincuencia.

Con información de El Comercio y foto de cabecera de Diario Ojo