El estado de Nueva Gales del Sur en Australia pone en agenda nuevamente el tema de las violaciones sexuales a menores de edad y las posibles penas para los autores de los delitos. 

Para tomar la decisión que castigará a los pedófilos con la castración química, un grupo de especialistas de la salud, del ámbito legal, representantes del gobierno y víctimas se encuentran evaluando las posibles consecuencias que traería implantar la polémica sanción.

Cabe resaltar que la localidad ya tiene instaurada una medida que, en algunos casos y siempre y cuando sea solicitada por el mismo criminal, impone la castración química a violadores de niños.

Australia Occidental y el estado de Victoria también cuentan con estos tratamientos para complementar las condiciones de liberación de los violadores.

A pesar de ello, el ministro de Justicia del Estado australiano, Troy Grant, ha propuesto que los jueces puedan decidir si los criminales deban o no pagar con este tipo de castración, sin tomar en cuenta su opinión o deseo. Sin embargo, antes de poner en funcionamiento la nueva norma, considera que es importante escuchar diversos criterios, por ello la creación del grupo de expertos.

Los argumentos en contra

El Colegio de Psiquiatras de Australia y Nueva Zelanda (RANZCP), no permite este tratamiento de manera obligatoria para los violadores. Al respecto el psiquiatra forense John Kasinthan afirmó:

"(Nuestro) Código de Ética establece que los psiquiatras deben buscar el consentimiento válido de sus pacientes antes de iniciar cualquier procedimiento o tratamiento".

Además también apunto que el término 'castración química' se refiere a que los violadores no tengan deseo sexual en absoluto, a pesar de que el objetivo del tratamiento biológico moderno es reducir la excitación y conducta sexual desviada.

Asimismo, un artículo publicado el año pasado por la Universidad de Western Sydney con autoría de la profesora Maggie Sala, argumentó que la castración química no es la mejor solución para proteger a los niños de los delincuentes sexuales. 

La especialista dijo que no solo se ha exagerado con respecto a su efectividad, sino que también significa una violación a los derechos humanos de las personas:

"Incluso entre los defensores más entusiastas de la castración química se debate el hecho de que la medicación sea más eficaz si la persona solicita voluntariamente el tratamiento".

Además dijo que los criminales pueden resultar naturalmente menos propensos en reincidir en el delito. Contó que un reo entrevistado para su investigación dijo que quería tomar la medicina porque ahora es abuelo y no quiere que hayan más víctimas de violaciones.

Por último señaló que muchos delincuentes sexuales pueden estar más motivados por una conducta agresiva que por una parafilia. Y cabe mencionar que el tratamiento solo resulta en personas que sufren de este tipo de orientación sexual anormal.

Las razones de la propuesta

Una de las causas para tomar la decisión son las alarmantes cifras de abusos sexuales contra menores en el país. Es así que Grant ha señalado que el 17% de los agresores pueden volver a cometer violaciones en un periodo de dos años:

"Debemos hacer todo lo posible para reducir esa cifra. La medicación anti-líbido sola no es una cura total, pero quiero estar seguro de que hacemos el mejor uso de ella, combinada con otras medidas más fuertes para prevenir que los agresores recaigan".

Cabe mencionar que las drogas que controlan el líbido, reducen el deseo sexual y en ocasiones eliminan totalmente la capacidad de mantener relaciones sexuales.

(Foto de cabecera: kaurlife.org)