“En Perú, los mecanismos que prevalecen para la solución de conflictos entre la ciudadanía, el Estado y las empresas son las mesas de diálogo; pero éstas se organizan cuando las minas ya están construidas y operando". No lo dice un 'antiminero' peruano, como podrían argumentar algunas autoridades o empresarios, sino Annegret Flohr, especialista en conflictos sociales del Institute for Advanced Sustainability Studies (IASS) en Potsdam.

En su opinión, esta opción sólo puede funcionar si se equilibra el desbalance de poder que existe entre los dialogantes. Es decir, "el Estado debe ponerse del lado de la población que reclama; si no lo hace, no hay manera de que la ciudadanía persuada a las empresas de hacer absolutamente nada", subraya.

Ella emite esta opinión al comentar el informe 'Explotación de materias primas en América Latina', elaborado por Almut Schilling-Vacaflor y Riccarda Flemmer, investigadoras del Instituto Alemán de Estudios Globales y Regionales (GIGA) que concluyen que las consultas previas tienen una injerencia mínima sobre las prácticas extractivas de gran escala. 

“El potencial de las consultas previas para proteger los derechos de la población y negociar conflictos de intereses sin violencia sigue sin ser aprovechado”, afirman luego de haber analizado conflictos como Bagua y Tía María, en el Perú; la represa de Belo Monte, en Brasil; y la autopista en el Tipnis, en Bolivia. Todos casos con repercusión internacional. 

Flohr señala que si bien la consulta previa otorga poder de veto a ciertos sectores de la ciudadanía de un país, a los más afectados por un proyecto público o privado determinado, no recuerda un solo caso en el que haya funcionado la realización de consultas previas en América Latina. "Lo que sí ha ocurrido en más de una ocasión es la interrupción de proyectos en respuesta a masivas protestas populares”, agrega.

Lo mismo considera la antropóloga sociocultural Juliana Ströbele-Gregor, de la red de investigación Desigualdades, adscrita al Instituto Latinoamericano de la Universidad Libre de Berlín. La especialista, que ha hecho investigaciones en los Andes, opina que los pocos procesos de consulta consumados se llevan a cabo de manera expedita, “sólo por cumplir una formalidad” y asegura que los afectados “nunca contaron con toda la información necesaria para decidir con fundamento sobre la materia”.

El objetivo –apunta– debe ser que el mecanismo aludido le haga honor a su nombre: que la consulta se practique antes de que el proyecto minero arranque, que toda la información alusiva esté al alcance de los interesados, que los afectados puedan opinar sin ser presionados ni sobornados y que la consulta previa sea vinculante. “Las instancias de control y asesoría, existentes o por crearse, deben actuar efectiva e independientemente para evitar que la corrupción contamine estos procesos”, argumenta.

“Son pocos los ejemplos disponibles de discordias que hayan sido resueltas satisfactoriamente para todas las partes implicadas. Sin embargo, la figura del asesor de conformidad (Compliance Advisor Ombudsman), auspiciada por el Banco Mundial, puede contribuir a solucionar disputas de esta naturaleza. Una población que siente violados sus derechos puede quejarse ante este ombudsman y exigir que la entidad mundial inicie un proceso de mediación”, señala Flohr.

Mientras tanto, en el Perú, en las cuencas del Pastaza y Corrientes, en Loreto, continúa el sinsabor sobre el reciente proceso de consulta previa del Lote 192, que para el gobierno ha sido exitoso, pero dos federaciones indígenas, que son las más afectadas con este yacimiento, están indignadas.

(Foto cabecera: Salvemos El Valle Tambo)