Los videos de dos mujeres siendo maltratadas por sus parejas en Ayacucho y Piura, más el ataque a un menor de año y medio por parte de su padrastro, que ocasionó la pérdida del riñón del pequeño, conmocionaron a la ciudadanía en solo semanas. Estos hechos plantean una agenda de trabajo recargada para la nueva Comisión de la Mujer en el Congreso de la República, considera Raúl Gutiérrez Canales, especialista en justicia y derechos humanos (DDHH) de la Universidad César Vallejo (UCV).

“Hay altas probabilidades de que se apruebe en esta legislatura el incremento de las penas y ya existe una tendencia en Latinoamérica. Por ejemplo, Brasil aprobó este año la norma que considera la violencia de género como un agravante del homicidio con hasta 30 años de prisión, mientras que Colombia aprobó el feminicidio como delito autónomo con penas de hasta 41 años”, comenta el Dr. Gutiérrez Canales.

Estos antecedentes internacionales y la exorbitante cifra de 9 mil denuncias de violencia contra menores en lo que va del 2015, según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), respaldarían la medida.

“Las condiciones son favorables. La actual mesa directiva de la Comisión de la Mujer está conformada por parlamentarias con apreciable influencia en la opinión pública. Creo que el empoderamiento, a través de un rol activo de la comisión, permitirá que el Congreso asuma el rol protagónico que debe tener en las políticas sobre erradicación de la violencia en el Perú”, apuntó el especialista en justicia y DDHH.

Sin embargo, señala que la protección de las víctimas de agresión familiar y sexual trasciende a la mera sanción, pues implica un monitoreo posterior de los casos, lo cual requiere de especialización, suficiencia de atención de diversos organismos públicos y dotación de recursos. “El Estado debe orientar sus esfuerzos hacia la prevención y, sin duda, la educación será un aspecto clave para reducir el índice de casos de violencia”.