Greg Abbott, el nuevo gobernador de Texas, está tomando extremas medidas preventivas para no pasar por la misma situación que su antecesor, el ahora candidato presidencial por los republicanos, Rick Perry. Este se vio afectado por la gran cantidad de cetroamericanos que cruzaron ilegalmente la frontera por su estado. 

En vista de ello, Abbott ha promulgado un paquete de 800 millones de dólares para fortalecer la frontera durante los siguientes dos años. 

El programa

El plan cuenta con un avión de vigilancia valorizado en 7.5 millones de dólares, un centro de entrenamiento, 250 efectivos, 23.000 agentes de la Patrulla Fronteriza y 1.000 agentes de la Guardia Nacional.

Los afectados

Las diversas organizaciones de derechos civiles consideran que a más seguridad, más muertes de inmigrantes indocumentados. Fernando García, director ejecutivo de Border Network for Human Rights explicó: 

“La frontera está más militarizada que nunca. Ahora las personas toman muchos más riesgos para llegar, porque es la única opción que les queda. Contratan a organizaciones criminales o cruzan por zonas extremadamente riesgosas. Están mucho más expuestos a morir”.

Solo en el 2014, la Patrulla Fronteriza registró 115 muertes en el Valle del Río Grande, la tasa más alta en todas las regiones fronterizas. Y, aunque no se han publicado aún los reportes del 2015, se sabe que para el mes de marzo de este año, se habrían acumulado un total de 55 personas fallecidas. 

Sin embargo, estas son solo las cifras oficiales. Eddie Canales, director de South Texas Rights Center, afirma que su organización recibe una gran cantidad de llamadas por parte de los familiares de las personas extraviadas al momento de cruzar la frontera:

“No estamos recuperando los cuerpos, la gente se está muriendo. No se está haciendo un esfuerzo real por buscarlos. La Patrulla Fronteriza no quiere gastar el capital político que tiene con los rancheros, pidiéndoles entrar a sus tierras a cada rato”.

Cabe resaltar que las rutas más usadas para llegar a Estados Unidos de manera ilegal, son aquellas que están ubicadas en las propiedades privadas. Sin embargo, si los texanos prohíben realizar búsquedas en sus territorios, no se podrá seguir la ruta de los desaparecidos, tener un registro correcto ni recuperar la cantidad de cuerpos extraviados.

(Foto de cabecera: m.eluniversal.com.mx)