En épocas electorales, la propuesta favorita de los candidatos presidenciales para conseguir votos es la pena de muerte, una medida que según repiten y repiten sus defensores ayudará a combatir la delincuencia en el país. 

El último en proponerla ha sido nada menos que el anunciado candidato presidencial y congresista de Restauración Nacional, Humberto Lay, un hombre que se ufana de su cristianismo y que por ello ha salido casi Biblia en mano a tratar de explicar que dicha medida no se contrapone con sus creencias religiosas y que incluso está escrita en el Antiguo Testamento.

Palabras más, palabras menos, los políticos siempre han buscado alguna forma de justificarla a pesar de que innumerables expertos en el tema y estudios hayan dicho que no resuelve el problema de la criminalidad.

La política facilista

Pero a pesar de las evidencias, en el pasado dos de las figuras más mediáticas de la política peruana la han propuesto.

Una ha sido la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien dijo en su campaña presidencial del 2011 que de ganar las elecciones aplicaría la pena de muerte a los violadores de menores de edad.

Y claro está, también el ex presidente Alan García, que se ufana de dar clases de seguridad últimamente, volvió a defender esta medida el año pasado.

Población atemorizada

Lamentablemente, la propuesta sigue teniendo eco en más de un ciudadano peruano, y eso no sorprende.

Según una reciente encuesta de GFK, el 76 por ciento de peruanos no se siente seguro de vivir en el país y un 78 por ciento cree que los avances para fortalecer la lucha contra la inseguridad ciudadana han sido regulares o malos.

Asimismo, una encuesta Pulso Perú realizada en junio reveló que 4 de cada 10 peruanos simpatizaban con posiciones radicales. Lo cual, según varios expertos, propiciaban que un candidato autoritario tenga aceptación entre el electorado.

Si tenemos en cuenta que en el 2013, una encuesta nacional sobre derechos humanos presentada por el Ministerio de Justicia, reveló que el 79% de la población estaba a favor de que los violadores de niños recibieran la pena de muerte, queda claro que esta es perfectamente una posibilidad.

No soluciona el problema

Lo cierto es que la pena de muerte, más allá de ganar votos, no disuade al delincuente ni mucho menos ayuda a reducir los índices de la delincuencia.

En el Perú, diversos expertos en la materia han opinado en ese sentido. Por ejemplo, Vladimir Padilla, especialista en derecho penal de la PUCP.

"No hay ningún estudio que diga que esta condena pueda disuadir al delincuente. Peor aún, quien hable de esto habla con ignorancia supina sobre cómo funciona el marco jurídico en el Perú”.

Y también la doctora Silvia Rojas, psicóloga forense de la Policía Nacional del Perú.

“El delincuente no tiene aprecio por la vida, no les interesa morir y menos les interesa que otros mueran. Son conscientes de eso desde niños. He hablado con chicos de 14 años que me han respondido ‘Si caigo, caigo. Si muero, muero pues".

En esa misma línea, un informe de Amnistía Internacional señaló que una investigación elaborada por la ONU en 1998 sobre la relación entre la pena de muerte y el índice de homicidios concluyó que no hay datos convincentes que respalden el argumento de que la pena de muerte previene la delincuencia de forma más efectiva que otros castigos.

Además indicó que las estadísticas muestran que países que han abolido la pena de muerte muestran que su eliminación no ha provocado un aumento de la delincuencia.

Por ejemplo, el estudio señala que 6 de los 10 países que se encuentran en el Gran Caribe aplican la pena de muerte pero tienen el mayor índice de homicidios en la región. Incluso, el número de ejecuciones en los países de San Cristóbal y Nieves aumentó de 23 a 27 el año siguiente a la ejecución de Charles Elroy Laplace, llevada a cabo en diciembre de 2008.

Por otro lado, en Canadá el índice de homicidios por cada 100 mil habitantes se redujo del nivel máximo de 3,09 en 1975 a 2,41 en 1980 luego de abolir la pena de muerte por asesinato en ese país en el año 1976. Actualmente, la tasa de homicidios en Canadá sigue siendo menor a la registrada antes de la abolición.

No se puede aplicar

Otro tema a considerar es que en el Perú no se puede sancionar los asesinatos o violaciones con pena de muerte porque el Estado ratificó en julio de 1978 la Convención Americana sobre Derechos Humanos (también conocida como Pacto de San José).

La Coordinadora del Área Académica del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Universidad Católica, Renata Bregaglio, explica este aspecto:

Un primer punto es que la Convención impide a los países extender la pena de muerte para delitos que no estuvieran ya contemplados con anterioridad en sus territorios. Un segundo punto es que el tratado señala que ningún país puede interpretar la Convención para limitar la libertad de sus ciudadanos. Cuando el Perú ratificó el tratado, estaba vigente la pena de muerte para los delitos de “traición a la patria en caso de guerra exterior”, “homicidio calificado” y otros supuestos. Sin embargo, la Constitución de 1979 solo mantuvo la pena de muerte por “traición a la patria” y eliminó los demás.

Con todas estas evidencias queda claro, una vez más, que la propuesta de la pena de muerte no solo no es viable legalmente, sino que además no soluciona nada.

Así que la próxima vez que alguien lo vuelva a proponer ya sabes que ahí va nuevamente alguien que se quiere aprovechar de tu descontento pero que en el fondo no tiene una idea clara de cómo combatir la delincuencia en nuestro país.