La ley 30230, norma aprobada en julio de 2014 por el Congreso que reduce y suspende el cobro de las multas de las industrias extractivas por un plazo de tres años, prometía que las inversiones de las promesas favorecidas incrementarían entre 1 y 1.5 puntos porcentuales el PBI. Sin embargo, más de un año después, esta denominada ley del “Paquetazo Ambiental” ha provocado que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) cobre únicamente el 21% de lo que venía recaudando para mejorar la fiscalización ambiental en el sector minero.
La República difunde en su edición de hoy un informe del portal Convoca.pe que revela los hallazgos de la construcción de un registro de más de 100 procesos sancionadores a 49 empresas mineras que se beneficiaron con la suspensión del cobro de las multas, entre julio del 2014 y marzo del 2015, las cuales en más de un caso fueron consideradas como infracciones graves y muy graves.
Debido a que la polémica norma fue impulsada desde Palacio de Gobierno y el MEF, OEFA defendió la medida públicamente a través de su presidente Hugo Gómez. Y este es el resultado: el organismo regulador dejó de cobrar en sanciones consentidas por las empresas y ratificadas por el tribunal hasta S/.30.9 millones (US$10.9 millones) en multas por 74 procesos sancionadores en primera y segunda instancia si se considera el monto máximo de la escala de multas fijadas por esta institución en sus resoluciones de sanción.
¿Esto tiene algún impacto en la fiscalización ambiental? En OEFA explicaron que el presupuesto de las multas se recauda de manera directa vía el Banco de la Nación, precisamente para actividades de supervisión y fiscalización. El Aporte por Regulación se suponía que iba a significar mayor recaudación para este propósito, pero varias empresas sancionadas han denunciado este pago ante el Poder Judicial e Indecopi.
¿Y qué empresas mineras se han beneficiado con esta polémica ley? Una de ellas es Doe Run Perú, la filial nacional fundada por el multimillonario estadounidense Ira Rennert y una de las compañías más infractoras en el listado de Convoca.pe de las resoluciones de sanción del OEFA.
Esta compañía que operaba en La Oroya (Junín) está enfrentada al Estado desde hace seis años por el incumplimiento de sus obligaciones ambientales y actualmente se encuentra en proceso de liquidación bajo la administración de Profit Consultoría. Aunque su situación es incierta en nuestro país, en septiembre del 2014 se benefició con la reducción de una multa que pasó de US$3'500.000 (equivalente a 2636 UIT) a más de un US$1'700.000 por infracciones cometidas en 2010.
Según la resolución del tribunal N°009-2014-OEFA, la empresa no cumplió, dentro de los seis meses exigidos, con presentar “las garantías a favor del Ministerio de Energía y Minas que cubran el 100% del costo del proyecto” de la planta de ácido sulfúrico y la modificación del circuito de procesamiento de cobre del Complejo Metalúrgico La Oroya, indispensables para reducir las emisiones contaminantes de la chimenea principal de la planta.
Pero Doe Run no es la única. En el ranking de las empresas más sancionadas y reincidentes también figuran Volcan, Buenaventura, Ares, Yanacocha, Santa Luisa, Shougang, entre otras, las cuales se han visto beneficiadas con esta polémica norma que ha congelado sus multas por sus reiteradas faltas contra el medio ambiente.
¿Una ley hecha a la medida de las mineras? Usted sea el juez.
[Mira aquí el informe completo del portal Convoca]
Con información de La República y foto de cabecera de AP
