Tan solo le dedicó breves minutos al tema del narcotráfico en su último mensaje como presidente de la nación. Y, quizá, para compensar la falta de profundidad al respecto, se quiso ganar un titular de portada cuando se introdujo en el asunto de la siguiente manera: "Hoy puedo decirles que el narcotráfico ya no es un poder paralelo en el VRAEM".
Afirmar ello mientras el Perú sigue siendo catalogado como el más importante productor de drogas cocaínicas en el mundo tiene muchas implicancias políticas, de estrategia de comunicación, que, sin embargo, no se condice con la realidad.
LaMula.pe tuvo la oportunidad de conversar con el especialista y consultor en temas de narcotráfico, exdirector de Devida y actual director del Centro de Investigación de Drogas y Derechos Humanos (CIDDH), Ricardo Soberón, y opinó, muy crítico, sobre la precaria intervención del mandatario Ollanta Humala en torno a una problemática multiforme.
"Por supuesto que no es en el VRAEM, es el conjunto del país en donde el narcotráfico está asentado: poniendo autoridades locales y regionales, y parlamentarios", sostiene el especialista en relación al mensaje presidencial del 28 de julio. A ello, recordó los lugares ausentes en la alocución de Humala, en donde el mercado negro de las drogas funciona bien establecido: Lima, Paita, Chimbote, San Juan de Lurigancho, entre otros lugares.
En otra parte del mensaje, el mandatario rescató la medida de eliminar el estado de emergencia en el Alto Huallaga, luego de tener ese estatus de excepción por más de treinta años. "Más temprano que tarde el VRAEM será pacificado así como ha sido pacificado el Alto Huallaga", dijo Humala. A lo que Soberón opinó:
"Es una forma parcial, tuerta, de ver la problemática del narcotráfico en nuestro país. Seguramente, en el Alto Huallaga no hay la cantidad de cultivos que hubo en su momento, pero eso es consecuencia de los propios cambios del narcotráfico en los Andes".
Por otro lado, al igual que otros temas abordados en el mensaje, en los que las cifras y resultados positivos simplemente se aglutinaban, Humala aseveró que las fuerzas de la seguridad habían incautado 8.5 toneladas de insumos químicos en los últimos años. Mas este número no tiene mucha valía para Soberón, debido a que, según sus estimaciones, son 134 toneladas las que se utilizan en insumos químicos. El número que Humala dijo "no representa nada en relación con las expectativas".
En esa línea de citar cifras 'buenas' para la imagen del gobierno en el mensaje de 'fiestas patrias', el consultor en temas de narcotráfico recordó, a modo de contraste, cuál es la realidad de la aplicación de políticas de reconversión productiva por parte del gobierno, así como los efectos de la erradicación de cultivos ilegales de coca en distintas regiones del país. Realidad que para el especialista, entrevistado por LaMula.pe, representa que el presidente "no conoce de primera mano la realidad de la zona".
1) En el VRAEM hubo un paro regional a comienzos de julio, no hace mucho, el cual logró convocar a más de 13 mil agricultores en los distritos de Ayna (San Francisco, Ayacucho) y Kimbiri (La Convención, Cusco). Duró dos días. Y la protesta organizada, liderada por el Fepavraem, planteó entre otras cosas, reformular la reconversión productiva, con un diálogo real, y sin medidas aplicadas de forma unilateral desde el gobierno.
Nueve planteamientos que los cocaleros del VRAEM esperan que sean atendidos. Si éstos no son abordados en 30 días, iniciarían una marcha de sacrificio a Lima, con más de 10 mil agricultores. Para Soberón esto viene ocurriendo "porque precisamente ni la mesa de diálogo ni el Proyecto Especial VRAEM están articulados a las demandas sociales de la población".
2) "Absoluta ausencia de Devida en los procesos que el gobierno ha pretendido impulsar en la zona".
3) A propósito de reconvertir los cultivos de coca con la siembra de otros productos agrícolas, "hay una serie de evidencias que muestran que en San Martín la apuesta por el cacao ha tenido un éxito notable, pero eso no está ocurriendo ni en la selva central, ni en la zona de Loreto, al costado del río Yavarí, ni tampoco en el valle del río Apurimac-Ene, ni en Puno".
4) El 16 de julio de este año se levantó el paro en el distrito de Constitución (Oxapampa, Pasco), luego de que muriera un agricultor por herida de bala, quedaran 9 heridos y fueran detenidos 11 ciudadanos tras los enfrentamientos entre cocaleros y agricultores, y la policía nacional.
La protesta en esa región se motivó, en consonancia con el paro regional en el VRAEM, según reclamó el dirigente Justo Salvador, por el abandono de las autoridades locales y del gobierno nacional de la mesa de diálogo, quien, además, dijo que "no hay apoyo a los agricultores. Hemos sembrado coca porque no tenemos otra alternativa para sustentar a nuestras familias. Tampoco tenemos carreteras", según informó La República.
Las cifras brindadas en el último mensaje presidencial de Ollanta Humala Tasso no solo difieren de la realidad, sino que la distorsionan: en la medida en que son repetidas una y otra vez por el discurso oficial, hacen creer a los incautos que de eso se trata el problema.
Ésta ha sido la tradición de los últimos presidentes al hablar de narcotráfico: números de hectáreas erradicadas, la promesa de los cultivos alternativos, los números maquillados frente a organismos internacionales y así rendir cuentas a los que financian y apoyan la unilateralidad en la aplicación de políticas de drogas, así como otros discursos conocidos.
Todo ello oculta una realidad que persiste desde hace muchísimo tiempo en relación al tema: agricultores que no tienen otra alternativa de subsistencia que la de plantar coca, frente a la siembra de otros cultivos los cuales no les da los mismos ingresos que ella; y una política que, como dijo Soberón, no se articula con las demandas sociales reales: servicios básicos, asesoría comercial, integración vial, reconocimiento de los comités de autodefensa y su lucha contra el terrorismo, así como, no menos importante, dejar de ser estigmatizados, los cocaleros, como los principales responsables de un problema que tiene como raíz la ausencia del Estado como protector de los derechos de esos ciudadanos.
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