Delación premiada. Esa es la figura jurídica (similar a la colaboración eficaz que en nuestro país) que permitió a los fiscales brasileños desentrañar, con una precisión sin precedentes en la historia judicial de Brasil, el esquema de corrupción que permitió al Partido de los Trabajadores continuar en el poder usando dinero de la estatal Petrobras.
El empresario brasileño Leo Pinheiro, operador de la constructora OAS, se acogió a esa figura para obtener beneficios legales, a cambio de revelar a las autoridades que investigan el mayor escándalo de corrupción estatal del que se tiene memoria en Brasil, lo que vio y escuchó en los años que compartió en la intimidad con el expresidente Lula da Silva.
Veja, revista de investigación brasileña, tuvo acceso a esas declaraciones y decidió divulgar todos los detalles de la polémica y reveladora confesión en un artículo titulado "Es su turno". Ya había publicado algunos fragmentos.
En su delación a la fiscalía, Pinheiro habló, entre otros temas, sobre la participación de Lula en el escándalo de Petrobras y sobre cómo su hijo Lulinha se hizo millonario.
También contó la forma en que el exmandatario se hizo propietario de tres departamentos en el edificio Solaris, en Guarujá, en Sao Paulo, que construyó la empresa OAS tras la quiebra en 2006 de Bancoop.
En su edición digital, Veja publicó un anticipo del artículo que saldrá a la venta el próximo 29 de julio:
"Leo y Lula son buenos amigos. Más que una amistad, estuvieron unidos por intereses comunes. Leo era operador de la constructora OAS, en Brasilia. Lula fue presidente de Brasil y operado por la OAS. En el lenguaje de los arreglos de poder basados en el intercambio de favores, operar significa, en buen portugués, comprar. Ahora el operador y el operado enfrentan circunstancias amargas.
El operador estuvo, hasta hace poco, detenido en una prisión en Curitiba. Bajo arresto domiciliario, sigue enterrado hasta el cuello por presuntos delitos que le pueden conducir a pasar decenas de años tras las rejas. Tiene miedo, pero está en libertad. Pronto, informará a los fiscales federales de los detalles de su coexistencia simbiótica con Lula. Ahora, las ganancias de uno significarán la ruina del otro. Leo quiere cumplir con la ley sancionada por la presidenta Dilma Rousseff para reducir drásticamente su condena a cambio de información sobre la participación de Lula en Petrobras, el esquema de corrupción gigantesco armado en Petrobras para financiar al PT y otros partidos aliados al gobierno.
A través del mecanismo de denuncias de altos ejecutivos, los fiscales han obtenido pruebas que podrían conducir a la condena de dos ex ministros de la era de Lula, Antonio Palocci y José Dirceu. Los delatores recompensados contaron operaciones que hacen dudar incluso sobre los fondos donados a la campaña presidencial de Dilma Rousseff en 2010 y 2014 y de Lula en 2006.
La información proporcionada permitió a los fiscales dibujar, con una precisión sin precedentes en la historia judicial de Brasil, un esquema sobre el dinero de Petrobras para mantener al PT en el poder.
Amigo y confidente de Lula, el ex presidente de la constructora OAS autorizó a sus abogados que negocien con los fiscales federales un convenio de colaboración. Las conversaciones están en curso y sobre la mesa. El miedo de volver a la cárcel, después de pasar seis meses atrapado en Curitiba, lo hizo prometer que proporcionaría evidencia de que Lula patrocinó el esquema de corrupción en Petrobras. El ejecutivo de OAS está dispuesto a explicar cómo el ex presidente se benefició del dinero público robado de Petrobras".
LULA SE DEFIENDE
Lula da Silva, en un evento con sindicatos celebrado Santo André, región metropolitana de Sao Paulo, afirmó que la izquierda de su país está siendo "perseguida" y evocó la "criminalización" que los nazis hicieron con los judíos:
"Estoy cansado del tipo de persecución y la criminalización que intentan hacer con la izquierda de este país. Parecen los nazis criminalizando al pueblo judío y los romanos criminalizando a los cristianos".
El exmandatario señaló estar cansado de las "mentiras y la inmoralidad", así como de las agresiones cometidas por una parte de la población contra su sucesora e ahijada política, Dilma Rousseff.
Esta semana, los abogados del expresidente pidieron la anulación de la investigación que fue abierta para determinar si Lula incurrió en el delito de tráfico de influencias para favorecer a una constructora y que se investigue al fiscal responsable por la acción.
En el recurso presentado ante el Ministerio Público, la defensa del exjefe de Estado pidió la suspensión de la investigación penal contra Lula y la apertura de una investigación y de un proceso administrativo contra el fiscal Valtan Timbó Mendes Furtado, informó el Instituto Lula en un comunicado.
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