La Base de Datos Oficial de los Pueblos Indígenas u Originarios es una herramienta de gestión que tiene su origen en la Ley de Consulta Previa. Entre sus objetivos figuran identificar cada pueblo cuando el Estado pretenda disponer alguna medida legislativa o administrativa que pueda afectarlos y determinar cuáles comunidades tienen derecho a la consulta previa ante operaciones de las explotadoras mineras y petroleras. Teóricamente esto es correcto, justo y necesario en un país con poblaciones nativas e indígenas que durante décadas han sufrido operaciones irresponsables de estas industrias. Aunque también había dudas sobre cómo se decidiría cuáles comunidades serían consideradas campesinas o nativas.

La idea inicial era que el Viceministerio de Interculturalidad proporcionara el listado luego de que el gobierno reglamentara la Ley de Consulta (abril del 2012). Pero hasta ahora no se ha publicado. Hubo renuncias desde el 2012 por su no publicación – Iván Lanegra y Paulo Vilca– y nadie da respuesta de por qué no se hace pública la base.

Hoy, el portal de periodismo de investigación Ojo Público ha lanzado un reporte luego de tener acceso a la base de pueblos indígenas que la gestión anterior del Ministerio de Cultura dejó lista y cotejar las autorizaciones a empresas mineras. Grandes revelaciones: más del 60% de las comunidades inscritas en esta nómina se ubica en territorios quechua con derecho a la consulta previa; 25 mineras fueron autorizadas –por el Ministerio de Energía y Minas– en estos territorios sin convocar a consulta previa.  

"Desde que empezaron los conflictos en Cañaris comencé a indagar sobre los criterios de identificación que se estaban teniendo en cuenta para la elaboración de la base de datos de pueblos indígenas. Ese año, me confirmaron que la base de datos estaba lista y que había fuertes presiones de parte del Ministerio de Energía y Minas para no publicarla. Desde ese momento estuvimos detrás de aquella base de datos", cuenta Nelly Luna, editora de Contenido de Ojo Público y una de las autoras del informe, a LaMula.pe.

Las claves del informe de Ojo Público

* En la Base figuran 5,571 comunidades indígenas, 3,532 de ellas son de origen quechua y están ubicadas en Puno (1,247), Cusco (940), Ayacucho (557), Huancavelica (510) y Apurímac (436), en donde existe fuerte presencia de megaproyectos mineros. Más de 550 es aymara y más de 1,400, amazónico.

* En estos pueblos registrados en la base de datos desde el 2012 debieron implementarse procesos de consulta previa para debatir cualquier proyecto de inversión que pudiera afectar los derechos colectivos de las comunidades. No hubo. Es más, durante los últimos años los dos exministros de Energía y Minas (Jorge Merino y Eleodoro Mayorga) aprobaron irregularmente 25 proyectos mineros en estos territorios indígenas. 

* El Ministerio de Energía y Minas contrató a consultores privados para identificar y decidir cuáles eran comunidades indígenas y cuáles no, y con ello justificar la aprobación de los proyectos mineros sin los procesos de diálogo previos. Desde el 2012 hasta junio de este año, por lo menos en 15 casos, el viceministro de Minería, Guillermo Shino, dejó en manos de estas consultoras el trabajo de identificación sin la intervención ni asesoría del Viceministerio de Interculturalidad.

"El MEM conocía la base de datos preliminar y prefirió contratar consultores privados cuyas conclusiones siempre fueron que no había indígenas en ese territorio. Ahora lo que viene es aún más grave porque el Viceministerio de Interculturalidad investiga cómo y por qué el MEM contrató estas consultoras cuando no era su competencia hacerlo", anota la periodista.

* El viceministerio de Interculturalidad ha publicado una lista de 345 comunidades aimaras. Sin embargo, en el documento al que tuvo acceso OjoPúblico figuran 567. Según la viceministra Patricia Balbuena, su gestión ha hecho un análisis más detallado, a nivel de centros poblados, y no a nivel distrital, como asegura que hicieron las gestiones de los exviceministros Lanegra y Vilca.

* Dos de las comunidades aymaras que están en la base preliminar y fueron retiradas de la lista oficial son Aruntaya (Moquegua) y Huacochullo (Puno). En los territorios de ambas hay proyectos mineros aprobados por el MEM sin consulta previa: Cleo, de minera Aruntani y Maycol B, de Inversiones Troy.

Entre las 25 mineras que tienen proyectos aprobados sin consulta previa figuran: Aguila American, Consorcio Minero Horizonte, Tumipampa, Compañía de Minas Buenaventura, Minera Milpo, Sociedad Minera El Brocal, Maxy Gold Peru, Ferrobamba Iron, Minsur, Mitsui Mining & Smelting, Antares Perú, Anabi, Aruntani y Exploraciones Collasuyo.

* Minera Aruntani es uno de los mayores productores de oro del Perú. Su mina Anabi (Cusco) está en territorio de Huaquirca, una comunidad indígena que figuraba como tal en la lista original, pero el gobierno –mediante dos resoluciones– le negó la consulta previa con el pretexto de que no está en la base de datos oficial. 

* El Ministerio de Cultura ha anunciado que seguirá publicando previa revisión y periódicamente (hasta diciembre de este año) la lista completa de pueblos indígenas. Sin embargo, los proyectos promovidos por los diferentes sectores continuarán aprobándose en los meses siguientes con una base de datos a medio publicar.  

Los Andes concentran más del 70% de los pueblos indígenas (Fuente: Base de datos preliminar 2012)

¿Por qué tener la base de datos bajo las sombras? 

Con esta pregunta, Ojo Público hace eco de quienes siempre hemos buscado una explicación, más allá de la especulación. "La respuesta está en Apurímac –anota–. El gobierno de Humala siempre cita a esta región como el departamento con el mayor monto de inversión minera comprometida para la próxima década: US$11,990 millones. En estas tierras olvidadas, de montañas elevadas, pobreza extrema y carreteras que ni siquiera figuran en los mapas, se concentran 10 de los 28 proyectos mineros (detrás de los cuales hay 25 compañías) a los que el MEM autorizó sin tomar en cuenta la consulta previa".

"El gobierno, empezando por el presidente Humala, no cree que haya indígenas en los Andes, así lo ha expresado en entrevistas y en lugar de ver a la consulta previa como una oportunidad de diálogo, tuvo miedo de implementarla", subraya Luna.

De hecho, la lectura de la investigación de Ojo Público revela cuál es el problema: el gobierno no quería 'afectar' a las inversiones mineras. ¿Negociaciones? ¿Lobbies non sactos? Lo cierto es que retirar de una lista inicial a comunidades en cuyos territorios hay proyectos mineros genera suspicacia. Más aún si se tiene en cuenta que las consultorías que se han hecho para definir quiénes son indígenas y quiénes no carecieron de sustento técnico y no consideraron las recomendaciones del Viceministerio de Interculturalidad. Además, si recordamos las críticas por supuesto tráfico de influencias de uno y otro extitular del MEM, no podemos descartar algún tipo de negociación a favor de las empresas mineras que indica la investigación periodística. Si esto es un patrón, estaríamos frente a algo muy grave, una "negociación" por la cual publican la lista a cambio de sacar del listado los lugares donde hay proyectos mineros.

Hay quienes sostienen que Humala no sabe nada de comunidades indígenas o nativas y mucho menos de consulta previa. Lo cierto es que las empresas que han logrado este 'milagro' en la base de datos no sólo han requerido el apoyo del MEM, sino también de operadores muy cercanos a Palacio. 

A leer el informe completo de Ojo Público.