Cifras que indignan y preocupan. Según el informe defensorial ¡Un llamado a la remediación! Avances y pendientes en la gestión estatal frente a los pasivos ambientales mineros e hidrocarburíferos, en el Perú se han identificado 8,616 pasivos ambientales en el sector minero y 156 en el sector hidrocarburos. De ellos, 4,281 son de alto riesgo como consecuencia de actividades mineras y 72 por acciones hidrocarburíferas. Esta tragedia se suma a otra: los 6,065 pozos mal abandonados que Perupetro informó en el 2002.
"Necesitamos un cambio. No podemos tolerar concesionarios que no cumplan con sus obligaciones ambientales y que no remedien los daños que generaron en el pasado. Es necesario incorporar este supuesto como una causal de caducidad de la concesión minera. Es imprescindible que las empresas mineras que adscriben a los principios de derechos humanos cuiden el ambiente, aprovechen sosteniblemente los recursos naturales y se alíen a las comunidades para impulsar sus planes de desarrollo local. De esta manera, el concepto de “nueva minería” tendría un contenido específico a través de ciertos indicadores que marquen la diferencia respecto de las que no respetan derechos laborales, contaminan el ambiente o se rehúsan al diálogo", señaló el defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega, durante la presentación del reporte.
En cuanto a las responsabilidades, recordó que en el sector minero 7,531 casos carecen de responsables y estudios ambientales; mientras que en el sector de hidrocarburos no se ha identificado responsabilidad alguna. Es más, subrayó que hay 61 pasivos ambientales mineros cuyos responsables mantienen la titularidad de la concesión en donde estos fueron generados. “Los responsables que no remedian los daños que generaron no deben mantener concesiones vigentes, ni mucho menos tener nuevas concesiones”, subrayó.
"Estas increíbles cifras hacen recordar lo dicho por el Papa Francisco en su última encíclica: 'La tierra, nuestra casa, parece convertirse cada vez más en un inmenso depósito de porquería'. Y no le falta razón a la luz de estos datos"
Vega señaló que cuando las actividades extractivas no respetan las leyes contaminando y afectando a las personas, se convierten en dañinas, lesivas e intolerables: "No es este el tipo de industria extractiva que queremos los peruanos y peruanas. Por dicha razón, las regulaciones ambientales actuales tienen por objetivo evitar la generación de nuevos pasivos ambientales".
¿Qué hacer ante los pasivos ambientales?
El defensor habló fuerte: "Lo primero, es honrar la deuda con el ambiente que nos acoge. Que es, a la vez, una deuda con los pueblos indígenas, comunidades campesinas y pobladores que sufren esos pasivos. Pero también una deuda con las futuras generaciones. Es un imperativo moral y legal remediar lo dañado y mitigar los impactos. Para ello, se requiere una atención prioritaria por parte del Estado y por supuesto de las empresas responsables".
"Resulta escandaloso que sólo el 12% de los responsables de los pasivos ambientales mineros (1,001 de 8,616) hayan sido identificados. En los 7,615 restantes se requiere que la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas intensifique sus labores de búsqueda"
También indicó que falta asegurar que todos los pasivos ambientales producidos por actividades mineras cuenten con planes de cierre. Actualmente, sólo el 25% cuenta con estos. Por ello, la Defensoría del Pueblo recomienda al Ministerio de Energía y Minas intensificar las labores de identificación de responsables y hacer las acciones correspondientes para la atención de los pasivos calificados con alto riesgo, con urgencia. Sobre todo en Ancash, Cajamarca, Puno y Huancavelica, donde se concentra la mayor cantidad de casos.
El defensor del Pueblo realmente no se guardó nada, pues el tema de los pasivos ambientales es uno de los más negativos del país y hay que tomar decisiones inmediatas. Y ello involucra a las autoridades y a las empresas de estos dos sectores. La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) –anotó– debería tomar la iniciativa de regular la conducta de sus agremiadas y de esta manera evitar que las opiniones negativas sobre determinadas empresas se trasladen a toda la actividad minera.
El informe detectó en el sector de hidrocarburos un retraso de más de cinco años en el inicio de las acciones destinadas a la remediación, pese a que la ley que regula a este tipo de pasivos se aprobó en el 2007. Esta situación se generó por la demora en la reglamentación de la norma, así como por la paralización por casi dos años de la identificación de los pasivos en ese rubro. Al respecto, Vega solicitó al Ministerio del Ambiente a intensificar su intervención hasta lograr la remediación de los pasivos ambientales, impulsando y liderando las acciones destinadas a su adecuada gestión.
Por último, y en línea con lo que se ha advertido desde las organizaciones civiles, exhortó al Congreso de la República derogar el artículo 19 de la Ley Nº30230, que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país, el cual contempla la suspensión de los procedimientos administrativos sancionadores tramitados por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y la reducción del importe de las multas impuestas.
Como vemos, el panorama es desolador, aunque muchas de las empresas extractivas que operan en nuestro país han asegurado que usan tecnología de punta, y aunque ciertamente otro tanto de pasivos no son recientes, lo que queda claro es que el Estado debe evitar la impunidad y ejercer un control severo por que se cumplan las leyes. De parte de las compañías y sus gremios, se espera que actúen responsablemente y no hagan 'espíritu de cuerpo' con las infractoras, sino todo lo contrario, que sean críticas consigo mismas y, sobre todo, que no sigan contaminando territorios y, por ende, a peruanos.
Aplausos para la Defensoría del Pueblo y para el defensor por decir las cosas de frente.
