Esperaba que fuera aún más dura. Creo que la Corte fue prudente en su fallo, pero el gobierno decidió no atacar al sistema sino a los que denuncian y a los testigos. No entiende que defender estos casos de derechos humanos no es defender al terrorismo, más bien es una manera de enfrentar una manifestación arbitraria de la violencia. El Estado no debe luchar contra el terrorismo haciendo terrorismo de Estado.

Es algo aberrante que el Estado –'a nombre de todos'– defienda una ejecución si se tiene prueba que se cometieron abusos. De un Estado democrático debería esperarse que diga: hicimos algo bueno pero hubo un par que pensaron que podían implementar la pena de muerte. Eso está mal. Este es un caso difícil porque el ejecutado no fue un niño inocente u otra persona admirable, pero debemos entender que la ejecución extrajudicial no fue a nombre del Estado. No pierdo la esperanza en que podemos construir las sociedades y los estados que queremos si no nos callamos.

Está equivocado porque su inercia es proteger la reputación de las instituciones y no los derechos de los ciudadanos. Es lamentable y errado. Quien lea la sentencia –completa o el resumen– verá que la Corte considera y valora positivamente los testimonios de los dos agentes policiales y de Hidetaka Ogura, por ello es que se ordena la investigación de la ejecución. El fallo valora sus testimonios, los toma en cuenta y establece la investigación.

En cambio, en los casos de Herma Luz Meléndez Cueva y Víctor Salomón Peceros Pedraza, la prueba es menos clara y en un gesto de sana crítica y prudencia la Corte llega a la conclusión de que "no existen elementos suficientes en este proceso para determinar la responsabilidad internacional" por la muerte. Es decir, no tuvieron prueba en lo internacional pero no descartarían otras posiciones en lo local. O sea, se puede confirmar o descartar la muerte en combate.

Lo que parece es que el ministro no leyó toda la sentencia o no la entendió, pues quien la lea no tendrá espacio para otras interpretaciones. Y procesar a los testigos [a los policías y a Ogura] –como se ha deslizado– sería un acto de represalia sin sentido.

Uno de los puntos más importantes del fallo son las críticas que hace la Corte al funcionamiento de la administración de justicia. Señala que no se investigó de manera diligente, que el Estado erró al llevar el caso al fuero militar.  

Este fallo debe servir al Perú para rechazar todo tipo de violencia, incluido el abuso estatal. Se debe respetar la dignidad de cualquier persona, aun de las que avasallan derechos o cometen actos repudiables. Además, hay que reconocer la importancia de contar con una administración de justicia que cumpla a cabalidad su tarea. El fallo debe servir también para que en el Perú haya un debate, uno para no repetir esta historia. Lo fundamental es que haya un rechazo a ejecutar a una persona, y el debate social y político debe reafirmar que los derechos son para todos.

Es difícil digerirlo, pero aquel que torturó, que violó sexualmente, o que cometió actos terroristas, tiene derechos. La justicia y los derechos son para todos. Por ello, la democracia es una construcción cotidiana que exige debatir estos temas a profundidad cada cierto tiempo, y reafirmar ciertos compromisos fundamentales. 

Es un fallo muy importante para el Perú y para la región. La Corte vuelve a decir que el Estado tiene la posibilidad de utilizar la fuerza, pero que tiene límites, y esos límites son los de la dignidad, de no torturar o matar a personas que están fuera de combate.

El debate debe hacer posible que quien tenga responsabilidad entienda que litigar estos casos no es un litigio contra el Estado; por el contrario, es un litigio para mejorar la manera en la que los estados democráticos responden frente a las violaciones de los derechos humanos.

Es 'gracioso' que digan que las ONG son 'mercantilistas', pues el trabajo de las ONG es ad honorem. Los peticionarios no pagan, y los costos de los procesos sostenidos durante una década son muchísimo más altos que lo que la Corte da en costas. Éstas sólo reembolsan parcialmente algunos costos como pasajes y estipendios para las audiencias y la reconstrucción de los hechos, viajes de documentación, copias, llamadas. 

¿Cuánto gastó el Ministerio de Relaciones Exteriores peruano en sus abogados? Seguramente cantidades muy superiores a las del reembolso parcial de costas. ¿Cuánto es el honorario del procurador público supranacional, Luis Huerta? No lo sabemos, pero sería interesante averiguarlo. No digo que esté mal gastado ese dinero ni que no haya que pagar honorarios, pero digo que tengamos una discusión seria sobre el tema.

Si la justicia peruana hubiese hecho la tarea que le competía se habría ahorrado mucho desgaste, se habría protegido los derechos de modo razonable y además no tendría que erogar costas. En Cejil las costas van a un fondo de asistencia que se destina a solventar la protección de derechos en diferentes países de la región.

Yo creo que aquí perdió Huerta, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ejecutivo peruano. El caso demostró que hubo al menos una ejecución y que la justicia actuó deficientemente. O sea, representa una crítica dura a la posición de Cancillería y a la administración de justicia.

Es difícil investigar este tipo de hechos. Hay tres factores que influyen: el paso del tiempo, los pactos de silencio y la voluntad de diferentes actores estatales de cooperar con la investigación diligentemente. Esperamos que la investigación se haga con diligencia, y que cada quien haga su parte para superar las dificultades presentadas anteriormente. Tengo confianza en que el Perú no va a incumplir con su responsabilidad internacional, y espero que los jueces, el Ejecutivo y las fuerzas armadas actúen con la diligencia que le exigen sus compromisos bajo la constitución y los tratados.