La semana pasada muchos políticos quisieron mostrar su 'peruanidad' llenando de calificativos la opinión de Francisco Eguiguren sobre la derrota que sufriría el Estado peruano en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por la ejecución extrajudicial del miembro del MRTA Eduardo Cruz Sánchez, 'Tito', tras el operativo Chavín de Huántar. 

Durante los siguientes días, el presidente Ollanta Humala, el ministro de Justicia, Gustavo Adrianzén, y otras figuras de la política se manifestaron en contra del jurista, y demandaron patriotismo a los 'amigos de los terroristas que quieren mancillar el honor de las fuerzas armadas peruanas'. Demagogia, por un lado, hipocresía, por otro, pero también mucho cálculo político.

Finalmente, ayer conocimos el fallo tan esperado y no nos sorprendió –aunque algunos quieran aparentar ello y otros no lo pueden digerir–. El Estado peruano pagó caro el asumir una estrategia errada. Y el gobierno quiere pasar piola y pretende voltear la tortilla.

Antes este panorama, ayer y hoy, el ministro Adrianzén ha dicho en cuanto micrófono posible que no hubo ejecución extrajudicial tras el operativo Chavín de Huántar, que el fallo de la Corte Internacional de Derechos Humanos ha sentenciado que continúen las investigaciones sobre el asesinato del miembro del MRTA, pero que estas ya las ha iniciado el Perú. 

Afirma que el Estado peruano ha ganado, que la Corte le ha dado la razón a los peritos contratados por el Estado, que el Perú no pagará reparaciones a los “delincuentes terroristas”, que las ONG defienden a los terroristas, etcétera. A él se han sumado ciertos periodistas y los políticos 'patriotas' de siempre.

¿El Perú no ha perdido como lo avizoró Eguiguren la semana pasada? Es lo que dice el ministro Adrianzén. ¿Es que la Corte se presta a atacar a los comandos? No, la Corte no se pronuncia sobre los comandos que participaron en el rescate de rehenes de la residencia del embajador japonés en Lima. Se procesa al Estado peruano. Sin embargo, no han tardado en surgir las opiniones de que los comandos serían nuevamente investigados. ¿No entienden? ¿No leyeron el fallo completo? ¿Continuarán con la estrategia que no le ha servido al Estado? ¿El gobierno peruano se ha allanado al discurso fujimorista respecto de los derechos huanos?

Aunque el ministro ha dicho que el gobierno está tranquilo, no reconoce que la Corte le ha dado un jalón de orejas. ¿Tranquilo?  ¿Por eso dice que los testigos que vieron vivo a 'Tito' son investigados? ¿Es una amenaza? ¿No conoce los procedimientos o quiere hacer una campaña de desprestigio?

Comprensión de lectura

“Parece que el ministro Adrianzén no aprobaría una prueba PISA, porque todo indica que su comprensión de lectura del fallo de la CIDH es nula”, dice a LaMula.pe el abogado Carlos Rivera, abogado de IDL y que ha seguido el caso desde sus inicios. ¿En qué ha ganado el Estado?, se pregunta. 

El constitucionalista Enrique Bernales piensa algo similar: "Pareciera que el ministro Adrianzén ha leído los pasajes que le han parecido los más adecuados, por eso repite lo mismo en todos los medios de comunicación. Son respetables pero hay que leer el documento completo".

El jurista indicó a LaMula.pe que la sentencia es equilibrada porque, por un lado, sostiene que el Estado peruano actuó con legitimidad al montar un operativo de rescate de personas que estaban siendo privadas de sus derechos. "Como consecuencia de ese rescate hubo intercambio de fuego. En ese caso, dentro de lo que indican las convenciones internacionales de derechos humanos, hay legitimidad del uso de la fuerza de parte del Estado. Por otro lado, hay que considerar la ejecución extrajudicial de un terrorista, lo que obviamente debe investigarse y establecerse quiénes son los responsables de esa muerte. Así, la sentencia pone las cosas en términos jurídicos en el derecho que le corresponde a cada parte", detalla.

Para Rivera, el gobierno ha venido trabajando desde hace unos días una estrategia más política y ha estado lanzando advertencias demagógicas. "El presidente y el ministro han dicho cosas como 'No vamos a pagar reparaciones', 'No toquen a los comandos', 'Si algo dice la sentencia, no la cumplo; pero si no lo dicen, hemos ganado'. Ellos sabían claramente que ni lo uno ni lo otro se iba a tocar en la Corte: Ningún comando está en juicio, la operación Chavín de Huántar no es objeto de investigación. En cuanto al tema de reparaciones, el Estado sabía que la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejl), como representantes legales de las víctimas, habían renunciado a obtener reparaciones“, explica.

En su opinión, el gobierno ha estado vendiendo humo para aparentar una victoria, sabiendo que estos no son los temas centrales (reparación económica a víctimas, comandos investigados). Los puntos básicos de la sentencia son la violación al derecho de vida, violación al debido proceso, y en ellos ha perdido el Estado. “Desde todo punto de vista es una sentencia condenatoria para el Estado peruano”, anota Rivera.

Eguiguren no estuvo lejos de la realidad cuando dijo la semana pasada que el Estado peruano sería el perdedor. “Eguiguren sabía con certeza cuál iba a ser el tono de la decisión de la Corte. En realidad, todo aquel que ha estado siguiendo de cerca este juicio y sobre todo la actuación del Estado sabía que el Estado jugaba a perdedor. Hasta el último minuto ha afirmado que no hubo ejecución extrajudicial, seguía negando la sentencia del Poder Judicial. Ha sido una estrategia entre suicida y envenenada por el fujimorismo, que nunca varió el presidente Humala. Peor no pudo manejarse el caso”, detalla Rivera.

"El caso no está cerrado. Eguiguren recibió ataques injustos, politizados, llenos de rencor. Es uno de los juristas más destacados del país. No podemos destruir a las personas sólo por odios políticos", agrega Bernales.

Por qué le cuesta al Estado reconocer una ejecución extrajudicial

“Me parece que esto tiene que ver con un carácter ideológico y político, y en esto vuelvo al envenenamiento que el fujimorismo hace del tema de los derechos humanos, sobre la posición que el Estado debe tener ante los crímenes ocurridos durante el conflicto armado. Creo que esto gana terreno, por ejemplo en el sector analista del Apra. Y este gobierno ha sido fácilmente ganado por esa tendencia, por eso su estrategia –no solamente en este caso– es de una abierta negación de los hechos violentos. En este gobierno no ha habido ninguna posición fuerte a favor de los derechos humanos”, responde el abogado.

El problema no es la Corte Interamericana sino el sistema judicial nacional, que no es capaz de resolver los problemas internos. A ello se suma la falta de voluntad de los gobiernos para tener una política favorable a los derechos humanos.

Comandos

Se insiste en que los comandos volverán a ser investigados, pero bajo ninguna circunstancia los comandos serán investigados. Lo que se va a investigar es el asesinato de una persona. Para Bernales ha habido mucho alarmismo y se insistió demasiado en el error de decir que los comandos iban a ser sometidos a juicio. "La Corte ha actuado con mucha ponderación, muy ajustada a derecho. Está claro, ningún comando será llamado a juicio", agrega.

"Es improbable que 140 comandos hayan participado en el crimen de un solo emerretista. Además, en el juicio anterior se levantó la teoría –con la cual concuerdo– de que no fueron los comandos sino una cadena de comando paralela en el que habrían participado gente de Inteligencia. Por eso hubiera sido muy apreciable que –en el juicio anterior– se hubiera condenado como autores mediatos a Montesinos, Huamán Ezcurra, Hermoza Ríos, pero ya sabemos que la Sala Penal de Lima los absolvió, de manera irregular ciertamente", señala.

Sin embargo, Rivera advierte que sí hay algunos jefes operativos de los comandos –como Williams Zapata, Luis Alatrista y Jaime Patiño, por ejemplo– que tienen mucho por decir, porque ahora deben analizarse las circunstancias del crimen, y éstas nos remiten a un espacio cerrado que estaba bajo control de las patrullas lideradas por ellos. "Si aceptamos la teoría de que fueron otros quienes hicieron la ejecución, hay que preguntarse ¿quién autorizó el ingreso de las personas ajenas al operativo? Los responsables son los tres o alguno de ellos. Esa respuesta debe ser indagada por el Ministerio Público.

El ministro Adrianzén también se ha manifestado sobre los dos policías que atestiguan haber visto con vida al emerretista. Ha intentado descalificarlos y hoy dijo que basta con dudar de ellos porque fueron del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN). "Eran personal policial adscrito al Servicio de Inteligencia, eso era común durante esa época, por lo que el ministro Adrianzén no puede confundirnos. Ellos, que montaban vigilancia en uno de los accesos a la residencia, relataron que cuando salen los rehenes ellos se percatan de que uno no lo es. Lo redujeron, lo enmarrocaron y se lo comunicaron a Zamudio, quien envió a un militar que lo regresó a la residencia y luego apareció entre los muertos ejecutado. Ese es el testimonio. El hecho de que Adrianzén diga que esos policías están siendo investigados es una amenaza vedada. Es decir, si siguen hablando, serían judicializados", se preocupa Rivera.

El ministro también ha dicho que el fallo de la Corte toma en cuenta el informe de los peritos contratados por el Estado peruano. Y eso es falso, pues éste no le es útil, por lo que no es mencionado en la sentencia. "Para demostrar la responsabilidad del Estado en la muerte de Edgard Cruz –detalla Rivera– la Corte se basa en tres tipos de evidencias: testimonial, documental y pericial, y la prueba pericial que usa es la del Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF). No podría la Corte determinar la muerte de 'Tito' cuando la pericia del Estado dice que éste no fue ejecutado sino muerto en combate. Y la premisa jurídica de derecho internacional humanitario sobre la cual elabora la Corte su fallo en el caso de Cruz es que Tito era un 'elemento fuera de combate'; por consiguiente, la base de la interpretación de la Corte no se condice con el informe de los peritos contratados por el Estado. Adrianzén se equivoca o nos quiere vender gato por liebre".

Finalmente, una nueva carta sacada bajo la manga del ministro –aunque torpe- es el reto que ha hecho a las ONG. Después de atacarlas, les dice que el dinero –US$30,000– que cobrarían (en realidad que es para cubrir los gastos generados todos estos años) los donen a los familiares de las víctimas del MRTA. "Hay organizaciones de derechos humanos que ejercen la defensa legal porque el derecho a la defensa es parte de principios jurídicos básicos, y los ataques a las ONG que las acusan de mercenaria, de traficar con las vidas, de ofender a los comandos son parte de una violencia verbalizada que no conduce a nada positivo. En el mundo entero hay ONG de todo tipo, son parte de la vida en sociedad, de la institucionalización democrática de un país. No podemos vivir con enconos y odios", comenta Bernales.

¿Después del fallo qué? 

Justicia que tarda no es justicia. "No es posible que hayan pasado 18 años y todavía no termina de aclararse el asunto", dice Bernales. En su opinión, lo que debemos aprender de este caso es que la justicia en el Perú debe tener métodos y procedimientos que le lleven a actuar con celeridad. 

Demorar, hacerse de la vista gorda, cambiar de fiscales, prorrogar plazos no conduce sino a la prolongación de una situación como la que estamos viviendo. "Hay que retomar la necesidad de crear un órgano judicial cabal en sus términos, sólido, fuerte, consciente de la necesidad de establecer la tutela, que es una obligación del Estado y un derecho de las personas", apunta.

Ahora el Estado peruano –mediante el Ministerio Público– debe hilar fino para investigar y sólo involucrar a quienes hayan tenido un nivel de participación en esta ejecución. Para eso tiene que hacer las cosas de manera muy concreta, con responsabilidad y puntualidad para determinar quienes fueron parte del comando paralelo, que no tiene nada que ver con el comando del exitoso operativo Chavín de Huántar. Luego será el turno del Poder Judicial. El Estado tiene un plazo, y aunque seguramente continuarán las voces que condenarán el fallo y a los defensores de derechos humanos, es menester que la sociedad peruana sea consciente de que este fallo es ineludible y que es una oportunidad para que la justicia peruana sea transparente y efectiva.

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