La vida de Marita Barreto corre peligro. La propia fiscal especializada en delitos de Lavado de activos a cargo del caso Rodolfo Orellana confirmó que, de acuerdo a un reporte de inteligencia, un grupo de sicarios bajo las ordenes de la red criminal del encarcelado abogado buscaría eliminarla.
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En declaraciones a Cuarto Poder, Barreto Rivera señaló que a los hampones ya se les habría ofrecido un jugoso pago para atentar contra su vida y que el Ministerio Público -al enterarse de su situación- anunció que le redoblará la seguridad:
“Sí, es verdad, hay un informe de inteligencia que reporta que un grupo de sicarios me ha estado reglando desde hace un tiempo, y que ya hubo dinero pagado para ese trabajo. Hay información que no puedo revelar, sé que están por ser identificadas sobre todo a los autores mediatos. […] Sí, US$200 mil y un terreno”.
Pese a ello, la fiscal Barreto recalcó al mencionado espacio dominical que no renunciará ya que espera concluir con la investigación del caso:
"Yo no voy a renunciar por algo como esto. Ha costado mucho esfuerzo combatir una organización como esta. Hay mucho trabajo por hacer".
Policías y fiscales a cargo de otra investigación, la del caso Gerald Oropeza, interceptaron varias llamadas telefónicas que salían del remoto penal de Challapalca, ubicado en Tacna y donde se encuentra actualmente recluido Rodolfo Orellana.
Es allí donde reconocen una conversación entre Enrique Ramos Bellido 'Kike' y su primo Jacinto Aucayari Bellido, más conocido como 'Cholo Jacinto', quien purga condena por robo agravado, secuestro y asesinato en diversas partes del país.
En las mencionadas escuchas telefónicas los sujetos se referían al reclutamiento de sicarios para cometer un 'magnicidio', cuyo blanco -según revelaron las investigaciones- iba a ser la fiscal Marita Barreto.
Las autoridades descubrieron también que los hampones contaban con fusiles, pistolas y chalecos antibalas para efectuar el golpe.
La Policía sospecha que Rodolfo Orellana estaría detrás de todo esto, luego de que el pasado 9 de junio pasado se le incautó un celular en su celda en el penal de Piedras Gordas, en Ancón, con el que habría estado coordinando cómo silenciar a otros implicados en su caso.
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Foto de cabecera: Andina