En todos los juicios, nuestra defensa consistió en afirmar que el Perú se encontraba en quiebra, a pesar de que no existe una ley de bancarrota para los Estados. En 1990, negociamos la suspensión de los juicios en cinco países, para permitir que el Perú reestructurara su economía y pudiera negociar con sus acreedores, proceso que tomó casi siete años. 

Cuando el Perú realizó una oferta de canje de los viejos préstamos morosos por nuevos bonos comerciales, Elliot compró deudas antiguas a muy bajo precio con la estrategia de interrumpir las negociaciones y exigir el pago completo. Nosotros alegamos que Elliot no podía cobrar la deuda pues, al comprar los préstamos con el propósito de presentar una demanda, violaba la ley de Nueva York. El juez de primera instancia nos dio la razón, lo que permitió que se cerrara la propuesta de canje del Perú con 179 de sus 180 acreedores comerciales.

Sin embargo, el tribunal de apelaciones revocó la resolución. Mientras que el Perú había prometido a los que aceptaron la oferta de canje – con el apoyo del Fondo Monetario Internacional y el Tesoro de Estados Unidos – que pagaría la misma cantidad a todos los acreedores comerciales, Elliott era el único que exigía un monto mayor. Ante esto, decidimos confiar en las doctrinas de inmunidad soberana y diplomática, que protegen los activos del Perú en el extranjero de la ejecución de una sentencia civil. Nuestro razonamiento fue que eventualmente tendría que aceptar la oferta de canje planteada por el Perú, pues tendría dificultades en encontrar bienes contra los cuales ejecutar el fallo.

Cuando nos enteramos de la propuesta para modificar la sección 489, el Perú contrató abogados de Albany (Nueva York) para que informaran a los miembros claves de la legislatura que el proyecto de ley era un esfuerzo para anular a la defensa involucrada en una importante demanda soberana. Sugerimos que Nueva York perdería credibilidad como centro financiero si las leyes eran modificadas para ayudar a un fondo de cobertura a ganar un juicio. Finalmente, la enmienda no fue aprobada. 

Sin embargo, tiempo después, la legislatura de Nueva York modificó la ley del cobro prejurídico – permite que un acreedor recaude el valor de lo adeudado sin que medie un proceso judicial – para cambiar el tipo de interés aplicable, de un interés simple a uno compuesto. La enmienda le costó al Perú aproximadamente 40 millones de dólares en intereses adicionales.

El problema surgió cuando Elliot obtuvo, de un tribunal en Bélgica, una orden para embargar el pago de intereses de los nuevos bonos internacionales, que Perú tenía programado hacer a través del Euroclear. Aunque no logró adjudicarse ningún fondo, la orden era una amenaza para Perú pues podía entrar en default. 

Nuestras recomendaciones fueron proceder con medidas legales y diplomáticas adicionales, además de buscar respaldo en la corte de Nueva York y en Bélgica, con el apoyo de la comunidad financiera internacional además de organizaciones internacionales. Sin embargo, el Gobierno peruano decidió llegar a un acuerdo con Elliot.

Argentina, que se encuentra en una situación similar frente a una demanda de Elliott por un monto mucho mayor (más de mil millones de dólares), ha decidido dejar de pagar por sus bonos internacionales; aunque esta decisión ha afectado su economía. La economía peruana se ha beneficiado de mantener una buena calificación de crédito después de pagar a Elliott.