Frente a lo que consideran una campaña de difamación, desprestigio y desinformación de parte de un sector del Gobierno y algunos medios de comunicación la Asociación Nacional de Centros (ANC) y las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD), manifestaron su rechazo a las nuevas disposiciones que varían el proceso de renovación se sus respectivas inscripciones.
Según la Resolución Directoral Ejecutiva N° 085-2015-DE de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) ahora se condicionará dicha renovación a una supervisión adicional, agregando mayores trámites al procedimiento ya existente, algo que consideraron no es justificable.
Pidieron, asimismo que se modifique la definición de 'supervisión' establecida en la resolución, respetando la señalada en la Resolución Directoral Ejecutiva N° 024-2010-APCI-DE que rige actualmente. Se busca con ello garantizar en el país el derecho a la libertad de asociación y el derecho de las ONGD a ejecutar planes y programas de acción de forma independiente.
Los representantes de estas organizaciones consideraron que la conflictividad social que existe en el país no es responsabilidad de ellas y que intentar buscar culpables de esta situación impide ver el problema y conduce a falsas soluciones.
La presidenta de la ANC, Julia Cuadros, aclaró que las ONG no se oponen a la fiscalización y supervisión del Estado a los recursos provenientes de la cooperación internacional, todo lo contrario, que están de acuerdo con la fiscalización por parte de la APCI, SUNAT, los ministerios y los gobiernos regionales siempre y cuando se realicen de manera objetiva.
Asimismo, Glatzer Tuesta, director del Instituto de Defensa Legal (IDL), señaló que el clima de alta conflictividad social que existe en el país no es responsabilidad de las ONGD, y que ese afán por buscar culpables impide entender el problema y derivan en soluciones falsas. Consideran que lo que revelan los conflictos sociales son serios problemas de legitimidad en las instituciones que deben ser corregidos.
La ANC reafirma que sus organizaciones socias y las ONGD no afiliadas aportan al desarrollo del Perú en diversos ámbitos como salud, igualdad de género, descentralización, población, derechos, agricultura, justicia, medio ambiente, fortalecimiento de la democracia, entre otros. Y esta labor se viene realizando durante los últimos 50 años de manera sostenida.
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