El asesinato por encargo o ‘sicariato’ es un delito que ha ido creciendo de manera exponencial en los últimos años en el Perú, en especial en la región norte. Y lo que más preocupa es que un gran porcentaje de sus ejecutores son menores de edad, que evaden las penas más severas debido a que tienen una responsabilidad jurídica restringida.
¿Que significa esto último? Que no se les puede atribuir responsabilidad penal y evitan ser juzgados como adultos, recibiendo una condena máxima de hasta 6 años de internamiento en un reformatorio.
Uno de los casos más conocidos es el de Alexander Manuel Pérez Gutiérrez, alias 'Gringasho', quien fue considerado en 2013 como el sicario más joven del país a sus escasos 15 años, en los que ya había perpetrado varios asesinatos por encargo.
El debate sobre la posibilidad de reducir la edad para que sicarios de 15 a 17 años sean juzgados por este tipo de delitos de alta peligrosidad fue reabierto por el ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, que consideró válido preguntarse si a un menor cuya edad oscila en dicho rango, que empuña un arma y es capaz de matar a una persona, se le puede tratar con el Código del Niño y el Adolescente:
“Una persona de 15 o 16 años que coge un arma y mata a alguien ¿es menor de edad? ¿No sabe lo que está haciendo? ¿No podemos reaccionar como sociedad? “Ese es el debate, no queremos ir contra todo el Código del Niño y Adolescente, pero creo que tenemos que ver este tema concretamente en delitos de gran lesividad y daño social como es el sicariato y de los cuales los mayores se aprovechan”.
Hace unos días, Pérez Guadalupe recordó que el tema de la lucha contra el sicariato constituye uno de los aspectos fundamentales del pedido de delegación de facultades solicitado por el Ejecutivo al Congreso de la República.
Expertos penalistas han señalado que actualmente se considera que los menores solo cometen infracciones y no delitos, mientras que el Gobierno señala que ha enviado seis proyectos sobre el sicariato al Parlamento, que aún no han sido evaluados a nivel de comisiones.
Pérez Guadalupe recordó que lo que se busca con la delegación de facultades es acelerar su proceso de discusión:
“Hay coincidencias en la tipificación autónoma del ‘sicariato’ para hacer más resaltante el delito. Juzgamos que la pena debe pasar de 25 a 35 años tanto para el que ejecuta como para el que contrata”.
Es este último aspecto en el que Perez Guadalupe hizo mayor énfasis, al señalar que se considera la pena de cadena perpetua para aquellos mayores de edad que contraten a menores para matar, y que se quite la imputabilidad relativa para este delito entre los 18 y 21 años.
Además, el titular del Interior planteó en su alocación que los sicarios vayan directamente al régimen penitenciario más rígido, que es el régimen cerrado especial, y “para que progresionen (en su rehabilitación) pasen cinco años y no solo dos como ahora”.
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