El portal de periodismo Convoca dio a conocer que la investigación federal en Brasil conocida como Lava Jato, la mayor pesquisa de corrupción de la historia del país que se inició en 2014, reveló un hecho vinculado al Perú: el pago de "propinas" (léase coimas) que hicieron las empresas brasileñas que construyeron la carretera Interoceánica durante los gobiernos de Alejandro Toledo y Alan García.

En este reportaje que hizo Convoca para BRIO incluso se difundió un documento de la Policía Federal de Brasil referido a este caso en el que aparece el nombre del expresidente Alejandro Toledo junto al monto de US$106,944.

El megaproyecto de la Interoceánica, carretera de más de 2,400 kilómetros que demandó cerca de US$2 mil millones de inversión, se inició contra el reloj durante el gobierno de Toledo, bajo la promesa de generar un mayor intercambio comercial entre Perú y Brasil, uniendo el océano Atlántico con el Pacífico. Era parte de la Iniciativa de Integración Regional Sudamericana (IIRSA).

La construcción de la Interoceánica Sur se inició oficialmente en marzo de 2006 sin Estudio de Impacto Ambiental y sin pasar por el Sistema Nacional de Inversión Pública. En la práctica significaba no demostrar la rentabilidad social y económica de la obra, según expertos.

Incluso la concesión fue entregada solo con un Estudio de Factibilidad y no con un Estudio Definitivo de Ingeniería. Esto era una puerta abierta para que los concesionarios subestimaran los costos de inversión y definieran montos adicionales. El resultado: el aumento del presupuesto.

De hecho, eso pasó, como subraya Convoca en su reportaje: 

"En 2005, la construcción de la Interoceánica Sur se estimó en unos 800 millones de dólares, en 2008 creció a mil 303 millones de dólares y a marzo de 2015 bordeó los dos mil millones de dólares, según cifras oficiales. La inversión de la obra estuvo camino a triplicarse con el cambio reiterado de los contratos: 22 adendas para los tramos 2, 3 y 4 de la carretera".

Las empresas brasileñas que ganaron las licitaciones de los tres tramos de la carretera fueron Norberto Odebrecht S.A., que conformó el consorcio Conirsa con las firmas peruanas Graña y Montero y JJ Camet e Ingenieros Civiles y Contratistas, y Andrade Gutierrez, Construcoes e Camargo Corrêa S.A. y Constructora Queiroz Galvão S.A, que formaron el consorcio Intersur.

Según el reportaje, estas empresas no solo son las más beneficiadas por los créditos y subvenciones del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES), sino que están involucradas en el caso Lava Jato, que descubrió una poderosa red de coimas para obtener contratos en la estatal Petrobras.

Ahora, la investigación federal brasileña genera sospechas en Perú, debido al incremento millonario del Pago Anual por Obras (PAO) de la Interoceánica Sur. 

Convoca destaca otro dato que, en el contexto descrito, parece no ser tan casual: los aumentos del presupuesto más contundentes fueron justo en los tramos a cargo de las compañías brasileñas del caso Lava Jato. Según el reportaje, en total, en los tramos 2,3 y 4 de la Interoceánica, el costo adicional de inversión de la obra superó los US$1,200 millones. 

Las empresas aseguraron que este incremento se debió a la difícil geografía de las regiones por donde pasa la carretera, pero esta forma de hacer negocios parece ser la regla incluso en territorios en los que no hay que atravesar montañas para levantar una obra.

Otro hecho que destaca el portal de investigación es que el 26 de julio de 2006, a horas de que Alejandro Toledo deje el poder, el viceministerio de Transportes firmó una adenda del contrato del tramo 4 que benefició al consorcio Intersur, conformado por Camargo Corrêa, Andrade Gutierrez y Queiroz Galvao.

Con esta adenda se creó el Certificado de Reconocimiento de Derechos sobre el Pago Anual por Obras, que es una especie de bono otorgado por el Estado a pedido de los concesionarios para que puedan venderlo a financieras y otros privados interesados. Así, el Estado se comprometía a asumir el pago con los intereses fijados por los titulares de los certificados, explica Convoca.

El reportaje señala que en 2009, la Policía Federal de Sao Paulo ejecutó la operación “Castillo de Arena”, e incautó una serie de documentos, correos y USB de las oficinas y domicilios de directivos de grupo Camargo Corrêa, que revelaron el pago de coimas que habría realizado la empresa a políticos y funcionarios para ganar la licitación de obras, financiar campañas políticas y cuentas en el exterior como parte de un sistema de lavado de dinero.

En esos documentos aparecen detallados los montos que, según la Policía, describen “la base del cálculo de los valores relacionados con la Interoceánica en Perú” registrada en una hoja de cálculo bajo el título “Previsão de Capilés Tramo IV – Interoceânica”. 

Para las autoridades brasileñas,  “Capilés” son las “propinas (coimas) pagadas a la gente de ese país”. 

Los montos asociados a la Interoceánica se consignan con el código INT, y bajo esa denominación aparecen diversos pagos fraccionados como el de los US$106,944, que tiene como fecha el 23 de mayo de 2006 y aparece junto al nombre de Toledo y el  “Max Vanderlei”, que no sería otro que Marcos de Moura Wanderley, quien fue el representante legal de Camargo Corrêa durante las negociaciones de la Interoceánica con el gobierno peruano.

LOS APORTES BRASILEÑOS

Ahora quizá se entiende mejor la relación financiera entre el partido de Toledo, Perú Posible, y las empresas brasileñas que se salió a la luz en las últimas elecciones de 2011.

Camargo Corrêa contribuyó en la campaña del exmandatario con S/.168,000 en noviembre de 2010, según el registro de las Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), en el que también aparece la contribución de la constructora Queiroz Galvao por S/.182,845.

Estas aportaciones si bien generaron duras críticas en Perú, el tema no pasó del escándalo mediático, como suele suceder: el Congreso y en el Tribunal de Honor del Jurado Nacional de Elecciones de nuestro país miraron al techo.

Convoca solicitó la versión del expresidente Toledo sobre el informe de la Policía Federal y los aportes de Camargo Corrêa a su campaña:

Como respuesta, el 7 de junio recibimos un correo electrónico de su Oficina de Prensa que rechazaba “cualquier insinuación que pretenda relacionar la construcción de la Carretera Interoceánica con actos de corrupción durante su gobierno”. En el mensaje se hizo hincapié en que la obra fue declarada de interés nacional por el Congreso de la República y que se tuvo el respaldo financiero de la CAF, pero no se aclaró el origen de los pagos fraccionados que menciona la Policía y tampoco por qué el nombre del ex mandatario aparece asociado a uno de los montos.

LOS AÑOS DEL APRA

Pero el informe de la Policía Federal brasileña sobre la Interoceánica no solo están referidos a los últimos días de Toledo en el poder, sino también a los años de Alan García en el poder (2006-2011), que es el período en el que se dieron los incrementos de inversión de la carretera. 

En uno de los documentos que cita Convoca se detallan pagos mensuales de US$175 mil para la obra al 25 de octubre de 2007: 

Esos pagos serían divididos en seis cuotas a partir del 30/07/07, entre julio y diciembre de 2007, lo que hacen un total de un millón 50 mil dólares, el 0.5 por ciento de los 198 millones de dólares que era el monto inicial fijado para el tramo 4 que tenía en sus manos Camargo Corrêa y sus socios.

LA ESTATUA DE ALAN

El “Cristo del Pacífico” símbolo de la cercaría del régimen aprista y las empresas de Brasil. De hecho, esa estatua de 22 metros de alto con los brazos abiertos fue un regalo de Odebrecht para Alan García.

La efigie está valorida en más de US$833 mi y para justificarse el obsequio, que fue un capricho del propio García, se siguió un protocolo: el 16 de febrero de 2011 se creó un patronato para la instalación del monumento en el Morro Solar, en Chorrillos.

Es más, el líder aprista fue nombrado promotor “ad honorem” de la organización fundada por Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A, según la escritura pública del Patronato