Muchas cosas pueden decirse sobre Jaime de Althaus, y quizá no todas sean de su agrado. Pero digamos esta, a la cual es poco probable que tenga mayor objeción: como opinólogo, Althaus dice siempre lo que piensa, con claridad y firmeza, y no suele jugar a las medias tintas.  

Hoy, en su columna de El Comercio, nos dice esto: el Perú debe seguir siendo un país de economía primario-exportadora, esencialmente minera, y todo lo demás son chanfainas. Incluso si esas chanfainas -por ejemplo, un reclamo de diversificación productiva- provienen de tribunas tan poco sospechosas de “antiminería” como el diario Gestión.

“Lo increíble es que la minería es atacada también desde el flanco económico: el miércoles se publicó en 'Gestión' un artículo titulado 'Diversificación productiva o seguiremos exportando piedras', otra frivolidad de moda, como si la diversificación fuese una alternativa a la minería y no más bien su consecuencia”.

A Althaus esto le parece “increíble” porque el tema de su artículo es lo que considera una postura irracional, ideologizada e insostenible de “la izquierda” que se opone a los proyectos extractivos. Esta postura, dice

“Es una religión que propugna, sin decirlo por supuesto, el suicidio nacional: que el Perú renuncie a su riqueza más notoria, aquella que, a máxima inversión manejada con rigor ambiental, nos permitiría salir de la pobreza y convertirnos en país desarrollado en poco tiempo”.

Un párrafo como este, por supuesto, genera más preguntas que respuestas. ¿Qué es “poco tiempo” para convertirnos en un país desarrollado? ¿Cómo es que la larga historia de minería en el Perú no ha logrado hasta ahora conseguirlo? ¿No ha oído hablar Althaus de la “maldición de los recursos”, según la cual podría ser en realidad más suicida poner todos los huevos económicos en esa canasta? Y etcétera.

Pero lo importante en realidad es algo que Altahus menciona solo al pasar, pero que está en el centro de su argumento, y también en el de los actuales conflictos entre el Estado, las empresas mineras (específicamente, Southern Cooper) y las poblaciones locales. “Inversión manejada con rigor ambiental”, escribe, como si ese fuera un tema resuelto y no precisamente el punto en disputa.

Y es que, claro, Para Althaus esa disputa es ociosa. Antes en su columna nos ha dicho que

“Esa ideología hubiese tenido sentido hace 40 o 50 años, cuando la minería destruía el ambiente. Pero ya sabemos que la minería moderna puede aislar sus procesos y desenvolverse sin afectar la agricultura y más bien generando fuentes de agua limpia, como ha ocurrido con los muchos reservorios construidos, ayudando a las comunidades a modernizar su agricultura”.

No soy (como no lo es Althaus) un experto en tecnología minera, y no puedo evaluar la exactitud de lo que dice. Pero si sé (como, de nuevo, también lo sabe Althaus) que la limpieza de los nuevos métodos de extracción de mineral tiene poco o nada que ver con lo que ocurre en el Perú. Los problemas con la práctica de la minería en nuestro país no son de “hace 40 o 50 años”, sino de épocas mucho más recientes.

Por ejemplo, de este mes, cuando se reveló que, en Hualgayoc, zona minera de Cajamarca, los niveles de plomo en las aguas para consumo humano y en la sangre de las personas están muy por encima de los rangos permisibles, a consecuencia de la minería. Más aún, se reveló también que esta información está disponible desde el año 2012, y que las autoridades competentes no la comunicaron a los afectados -poniendo en grave riesgo su salud- para no atizar las llamas del conflicto entre las comunidades y la mina (es decir, para no dar munición a los opositores del proyecto, aunque se mueran por envenenamiento de metales pesados).

Y en el caso de Southern Cooper y Tía María, no se puede decir tampoco que las cosas se hayan manejado hasta ahora con el “rigor ambiental” que Altahus da por sentado. Más bien, lo que ha sucedido es lo contrario. No solo se trata de una empresa con un largo y muy reciente historial de violar las normas ambientales en el país (y fuera de él); además de eso, las falencias y vacíos del primer Estudio de Impacto Ambiental preparado para el proyecto fueron precisamente el detonante del conflicto. Y esos vacíos y falencias no han sido realmente solucionados en el segundo EIA. Es contra esto, en esencia, que la población y “la izquierda” protestan.

Y a esta protesta debería sumarse también Jaime de Althaus, francamente. Porque no basta afirmar que la gran minería “manejada con rigor ambiental” nos sacará de pobres. Es necesario, además, exigir que ese rigor sea cierto y efectivo, que el Estado fiscalice, vigile y exija el respeto de sus propias normas en lugar de debilitarlas a cada paso, que se proteja la salud y el bienestar de las comunidades locales y de todos los ciudadanos, y que esa minería “limpia” con la que sueñan sus apologistas sea una realidad aun cuando ponerla en práctica le añada algunos ceros a la inversión requerida. En el Perú nada de eso se hace. Decir lo contrario es falsear las cosas, y defender la gran minería sobre la base de esta visión fantaseosa es, por decir lo menos, lo verdaderamente suicida.