Pese a todos los cuestionamientos, el exvocal supremo Robinson Gonzales negó una y otra vez cualquier acusación en su contra, como la del vínculo que lo uniría con la jueza Sonia Torrez Muñoz, quien votó a favor de su liberación el último viernes.
Gonzales fue liberado hace tres días -junto a su hija Olga Gonzales, la abogada Blanca Paredes y Álvaro Delgado Sheelje-, luego de que estuviera en prisión preventiva por estar involucrado en la red del empresario Rodolfo Orellana.
Y, según se conoció el fin de semana, la jueza Sonia Torres trabajó con él en el Poder Judicial.
"Conmigo no ha trabajado jamás", dijo Gonzales esta mañana a la prensa. "Ella ha trabajado en el Poder Judicial y sigue trabajando allí, pero no tenemos ningún nivel de amistad", agregó.
El polémico exmagistrado no quiso dar más declaraciones a la prensa y se limitó a rechazar todos los cuestionamientos (y no son pocos) que se le hacen. "Este es un tema absolutamente medático", "yo solo he ejercido mi profesión", "nunca tuve una oficina en el búnker de Orellana", fueron algunas de sus escuetas respuestas.
Además, indicó que existirían personas "detrás de estas denuncias", que él identificará en su momento. "Pero pase lo que pase, me voy a quedar en el Perú", acotó.
Lo cierto es que Gonzales tiene un rosario de denuncias, tanto que en el 2011 fue separado por el Consejo Nacional de la Magistratura por varios fallos polémicos: la liberación de los hermanos Wolfenson; el fallo favorable a la prescripción solicitada por Andrónico Luksic, propietario de Lucchetti; la confirmación de la resolución de la Sala de Delitos Tributarios y Aduaneros controlada por Vladimiro Montesinos, que en 2000 señaló que la falsificación de firmas de Perú 2000 no era delito; entre otros.
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