Hoy miércoles 6 de mayo, autoridades y dirigentes se reunieron para acordar el inicio del diálogo sobre el proyecto minero Tía María de Southern Copper. Sin embargo, el resultado fue negativo: los cuatro alcaldes del Valle de Tambo se retiraron pidiendo que el Gobierno anule el proyecto minero.
La reunión se llevó a cabo en el local de la Defensoría del Pueblo de Arequipa. Estuvieron presentes la ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortiz; el ministro de Agricultura, Juan Manuel Benites, la gobernadora regional de Arequipa, Yamila Osorio; el adjunto sobre conflictos sociales, Rolando Luque; y los cuatro alcaldes y dirigentes de la provincia de Islay.
La ministra Ortiz dijo que estuvieron más de tres horas escuchando los reclamos de los dirigentes y que cuando les dijeron que querían presentar la metodología y el cronograma del diálogo y les respondieron que solo iban a seguir dialogando si decían que la mina se iba a retirar de la zona.
En declaraciones a Canal N, cuando se le preguntó sobre la posibilidad de que el Gobierno decida declarar el estado de emergencia en Islay, dijo: "Se va a evaluar. Nosotros mantenemos una posición firme de diálogo".
Para el adjunto de la Defensoría, Rolando Luque, este no es un diálogo, ya que ni siquiera se pudo acordar el cronograma de reuniones. En declaraciones a La Hora N, explicó lo que ocurrió hoy:
"Es un lamentable episodio en un largo y difícil camino de diálogo. La Defensoría ha acompañado este conflicto desde el 2009. Hemos estado atentos a los hechos. El 4 de mayo, nos llegó una carta a firmada por los cuatro alcaldes que participan de la protesta en la que piden que transmitamos su voluntad para pactar una primera reunión para diseñar un mecanismo y fijarse las reglas del diálogo, la metodología y un cronograma de reuniones, para luego pasar a una etapa de negociación e ir buscando soluciones. El 5 de mayo me mandaron otra, esta vez firmada por los dirigentes. Yo fui a conversar con los ministros y convocamos a una reunión para hoy y asistieron todas las partes. Nos causó mucha extrañeza que lo que fue expresado por escrito y con la firma de todos haya sido dejado de lado en la reunión".
Como señala Luque, se trata de un intento fallido de diálogo. "Ni siquiera se alcanzó el estándar de diálogo", dijo. "Tendría que haberse respetado el contenido de las cartas. La voluntad manifestada en esas cartas no fue respetada en la reunión. Ni siquiera se pudo discutir sobre la metodología del diálogo. Ni siquiera llevamos a iniciar una discusión sobre el contenido central y el fin sobre el que estaban convocados a esa reunión", afirmó.
Pero, rescató un hecho:
"Dentro de la reunión, una dirigente del Valle de Tambo nos alcanzó a todos una documentación que probaba, según ella, los errores del Estudio de Impacto Ambiental, lo cual vimos con buenos ojos. Les dijimos que la población de Islay y el país tienen derecho a la verdad, tienen derecho a saber si lo que está en ese EIA es correcto o no".
¿Y qué pasaría si se logra comprobar que el EIA tenía errores? Esto responde el representante de la Defensoría:
"La ministra dijo que si en el debate técnico se comprobaba que ese EIA estaba mal hecho, se iba a declarar la nulidad del proyecto. Pero del otro lado encontramos una posición muy cerrada. La declaración final de un no rotundo al proyecto cerraba esta posibilidad. Los líderes y dirigentes tienen la responsabilidad de orientar a la población sobre cuál es la verdad de ese estudio técnico".
Y se mostró esperanzado en que este conflicto encuentre solución:
"Espero que esto no acabe aquí con esta reunión. Nosotros estamos abiertos a seguir con este proceso. Si la población tiene un desacuerdo con este proyecto, la vía razonable es un debate abierto".
Y a todo esto, ¿dónde está el Senace?
"La esperanza en materia técnica es el Senace. Sería muy importante que empiece ya a funcionar. Su creación data de diciembre del 2012. La población está esperando una oficina que garantice estos estudios".
Luque pidió prudencia al Gobierno a la hora de decidir si se implementa el estado de emergencia o no:
"El Gobierno va a tener que evaluar con mucho detenimiento una medida así. Si bien es una facultad del Presidente, siempre es conveniente hacer una evaluación de cómo está la situación, si esto va a generar tranquilidad o si los grupos están decididos a rebelarse contra esto".
El 23 de marzo se inició un paro indefinido en la provincia de Islay en la región Arequipa contra el proyecto minero Tía María de Southern Copper. La respuesta del Gobierno fue enviar más de 2,000 policías y, como consecuencia de ello, se han producido enfrentamientos que van dejando hasta el momento 2 muertos y más de 50 personas heridas.
Tía María es un proyecto minero de explotación a tajo abierto ubicado en el distrito de Cocachacra en el Valle de Tambo, una zona agrícola. Los opositores argumentan que el proyecto minero afectará sus actividades.
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(Foto de portada: Diario El Pueblo)
