El ambiente violento que se vive en la región Arequipa debido a los enfrentamientos entre la Policía y los opositores al proyecto minero Tía María preocupan a la comunidad internacional.
Precisamente, Amnistía Internacional (AI), mediante una nota de prensa, exigió investigar las muertes ocurridas durante las protestas. A continuación, compartimos la nota de prensa enviada el 5 de mayo:
"Amnistía Internacional observa con preocupación que luego de 44 días de protestas en la provincia arequipeña de Islay, los representantes del gobierno y manifestantes no han llegado a un acuerdo para solucionar de manera pacífica las diferencias generadas por el proyecto minero Tía María. Esto ha producido un nuevo enfrentamiento que trajo como consecuencia la muerte de otro civil, Henry Checlla, de 35 años de edad, durante un incidente registrado en horas de la madrugada en la ciudad de Mollendo, dónde además resultaron heridos otras dos personas más.
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, van dos personas fallecidas, 186 heridos (entre los cuales hay 111 policías y 75 civiles).
Solicitamos al Ministerio Público pueda realizar una investigación inmediata, exhaustiva e independiente respecto de la muerte de los dos civiles: Henry Checclla y Victoriano Huayna, ocurrido el pasado 22 de abril; y que se sancione a los responsables.
También solicitamos al Ministerio del Interior, investigar exhaustivamente e independientemente los hechos ocurridos en la madrugada del día de ayer, respecto del uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú y posibles detenciones arbitrarias.
Amnistía Internacional exhorta a las autoridades que en el control de las protestas sociales realice sus labores respetando los estándares internacionales de derechos humanos, entre otros los Principios Básicos sobre el Empleo del uso de la Fuerza y de Armas de Fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, conforme con los principios de necesidad y proporcionalidad.
Se hace un llamado a las partes a dialogar y solucionar por la vía pacífica este conflicto, antes de que se arriesgue la integridad física de los y las habitantes de la zona".
AI recordó, además, que según el derecho Internacional y las normas internacionales de Derechos Humanos, "la policía sólo puede usar la fuerza cuando sea estrictamente necesario, y ese uso debe ser proporcional a un propósito legítimo".
Asimismo, enfatizó que las armas de fuego "solo pueden utilizarse como último recurso como defensa frente a una amenaza inminente de muerte o lesiones graves".
Guadalupe Marengo, directora adjunta para América de AI, también expuso su preocupación:
"El llevar una placa de policía no otorga a los agentes licencia para matar a voluntad; al contrario, les asigna la enorme responsabilidad de defender y respetar la ley y proteger los derechos humanos. Las autoridades peruanas deben cumplir estrictamente las normas internacionales sobre el uso de la fuerza, y deben investigar todos los presuntos casos de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía para transmitir un mensaje que indique claramente que esa violencia es inaceptable".
Arequipa arde
Como se sabe, ayer se frustró, nuevamente, el diálogo entre las autoridades gubernamentales y los dirigentes opositores a Tía María. En medio de la reunión, los cuatro alcaldes de El Tambo abandonaron la reunión, no sin antes pedir que se anule el proyecto minero. Rolando Luque, adjunto de la Defensoría del Pueblo, narró lo ocurrido en Canal N.
En tanto, la violencia en Arequipa se acrecienta conforme pasan las horas. A las dos muertes que hace referencia AI, se ha sumado, en las últimas horas, la violencia ejercida contra cuatro agentes policiales, quienes, presuntamente, habrían sido secuestrados por los manifestantes.
Ante esta situación, la ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortiz, señaló a RPP Noticias que el Ejecutivo está considerando declarar el estado de emergencia:
"Estamos en Palacio, vamos a tomar alguna decisión, todavía no la hemos tomado, tenemos primero que reportar este hecho al señor premier y al presidente de la República; el Estado tomara las decisiones del caso".
[Lee nuestra sección dedicada al proyecto Tía María aquí]
