Se han cumplido ya cuarenta y seis días de huelga indefinida en Islay y la violencia continúa desbordándose en medio de la intransigencia del Gobierno y la exigencia de la población a que se cumpla el compromiso que en campaña hiciera Ollanta Humala: respetar el sentir de quienes se oponían al proyecto minero Tía María.
En entrevista a RPP, el antropólogo Javier Torres Seoane consideró que la situación ya está totalmente descontrolada por los propios errores del Gobierno que no ha sabido entender cuáles son realmente las razones por las que existe oposición al proyecto, ni la lectura derivada de las recientes elecciones.
"Esto no es solamente un tema de impactos ambientales, como son agricultores también hay impactos económicos. La presencia de una empresa minera trae plata pero también eleva el costo de vida. Nadie habla de ese problema. Y estos son productores que no están en una situación de pobreza extrema, son una especie de despensa de Arequipa (...) Acá se les está tratando como si fueran menores de edad. Si ya hace tiempo hay una resistencia al proyecto, si eligieron alcaldes que estaban en contra del proyecto, ¿qué cosa te estaban diciendo?", señaló.
Criticó también que durante los cuatro años en que el proyecto estuvo paralizado no hubo intención alguna de parte del Gobierno ni de los congresistas elegidos por la región Arequipa para escuchar a los ciudadanos.
"Yo siempre me pregunto qué hicieron los congresistas y los partidos políticos que ahora critican a la población en los últimos cuatro años. ¿Qué hizo el Gobierno? ¿Dialogó con la población? Volvió cuando Southern dice 'me voy, voy a cancelar porque la gente está protestando'. Y lo peor es que vuelve ¡y le da toda la razón a la empresa! (...) Lo que la gente siente es que el Estado es el vocero de la empresa, el representante de los intereses de la empresa. Entonces la gente dice 'disculpa, tú eres mi presidente, no el presidente del directorio de Southern'", remarcó.
Finalmente sostuvo que seguir enviando fuerzas policiales e incluso considerar la declaratoria del estado de emergencia, no es la mejor solución.
"Es una población que está asentada allí hace muchos años, que tienen servicios públicos, conectada al mercado. A mí lo que más me molesta es que se les trata como si ellos no tuvieran ni un ápice de razón. El diálogo no lo puedes imponer después de doscientos heridos (...) Hay que invocar a la paz, la tranquilidad. El Gobierno tiene que evaluar muy bien. Si declara el estado de emergencia, la situación puede escalar. Eso no resuelve el problema, puede traer más muertos".
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