Tía María seguirá paralizada. El antropólogo y editor de LaMula.pe, Javier Torres Seoane, analizó el conflicto socioambiental en la provincia arequipeña de Islay por el proyecto minero de Southern Copper.
En el programa Hora Clave de ATV+, Torres Seoane señaló la responsabilidad del gobierno en este conflicto que ya tiene más de 40 días de paralización en Islay y dos muertos por proyectiles de arma de fuego:
"Este conflicto se ha salido de control. El Gobierno tiene una responsabilidad seria. Mandó a más de 3 mil policías y no ha logrado establecer reglas para el diálogo. También es cierto que hay sectores intransigentes, como en toda protesta. Pero el Gobierno debe tomar nota de la comunicación que le hicieron llegar los alcaldes del Valle de Tambo pidiendo que la Defensoría del Pueblo intervenga como mediador, a través de Rolando Luque, que es arequipeño y conoce a los actores del conflicto. Lamentablemente tenemos otra muerte".
Hoy se confirmó que el ciudadano Henry Checya Chura perdió la vida víctima de "proyectil de plomo calibre 12" disparado por un policía. En este contexto de violencia, Torres Seoane se pregunta qué ha hecho el Gobierno:
"El Gobierno manejó mal este conflicto desde el comienzo. Desde el 2011 que asumió Humala, ¿qué hizo por el Valle del Tambo? ¿qué hizo con el problema del agua? No se hizo nada. El Gobierno solo volvió a aparecer cuando empezaron las protestas. Y solo apareció para decir que el segundo EIA estaba todo perfecto. Pero la gente no le cree al Gobierno y a Southern tampoco"
Dijo también que el Gobierno central se hace presente en las zonas de conflicto primero mandando policías:
"Donde hay conflicto, solo aparece el gobierno nacional cuando hay protestas. Y lo primero que manda son policías. Lo hemos visto en Conga y en Espinar. La gente no le cree porque ve al Gobierno como el vocero de la empresa, cuando debería ser el árbitro, el que debería regular".
"Si se mandan más policías, es peor. 3 mil policías en un Valle es un Estado de Emergencia de facto. Es una invasión policial. La autoridad del Estado no se puede imponer solo por la fuerza. Cateriano se equivocó. El ministro que era dialogante con las fuerzas políticas, fue a Arequipa y dijo que había que meter presos a los dirigentes".
Lamentó también el accionar de los dirigentes que no se hacen responsables de los desmanes que algunos manifestantes provocan en las protestas:
"No puede haber violencia contra nadie. Ni contra los que están en contra, ni los que están a favor del proyecto".
Y en todo esto, ¿dónde está la Oficina de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros?
"Estamos en un escenario en el que uno ve que la Oficina de Diálogo no maneja los conflictos. Hay un gran desorden en general. ¿Qué pasó con esa oficina? ¿qué están haciendo? Uno no los ve".
Cree también que este conflicto no lo va a poder resolver el gobierno de Humala, sino que lo tendrá que ver el próximo presidente:
"Este es un problema que no lo va a resolver este Gobierno. Lo va a tener que ver el próximo".
Sobre los convenios entre los policías y las empresas mineras, recordó lo siguiente:
"En el 2012, Humala dijo que esos convenios iban a cambiar. Han pasado tres años y hasta ahora no sale la nueva propuesta. Los policías no pueden estar bajo el mando del jefe de seguridad de una empresa. En los hechos, termina pasando esto. Cuando hay una protesta, todo entra en conflicto. Al final, termina siendo una policía privada, que defiende a la empresa y reprime a los manifestantes".
Cuando Julio Morriberón, representante de Southern Copper, dijo que Tía María se había cancelado, se refirió a los opositores al proyecto como "terroristas antimineros". Este calificativo fue usado luego por los defensores de la minería y esto provocó la indignación de los arequipeños. Al respecto, Javier Torres señala:
"El término es falaz y no ayuda a nada. Cuando hablamos de terrorismo, pensamos en el pasado, en gente que te mataba, te ajusticiaba. Es un error. Marco Arana es un gran crítico de la minería, pero no se le puede calificar de terrorista".
Una de las instituciones que siguió ese discurso fue la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Sobre esta institución, dijo:
"Hay alguna gente en la SNMPE que cree que estamos en el Perú de los años 50. Creen que pueden hacer lo que les da la gana. Su presidente dijo sobre Tía María: "este pueblo no tiene agua", cuando Cocachacra fue el primer pueblo de Arequipa que tuvo agua potable en 1906. Tienen esa idea de que pueden entrar y los demás deben regirse por lo que piensan".
El 23 de marzo se inició un paro indefinido en la provincia de Islay en la región Arequipa contra el proyecto minero Tía María de Southern Copper. La respuesta del Gobierno fue enviar más de 2,000 policías y, como consecuencia de ello, se han producido enfrentamientos que van dejando hasta el momento 2 muertos y más de 50 personas heridas.
Tía María es un proyecto minero de explotación a tajo abierto ubicado en el distrito de Cocachacra en el Valle de Tambo, una zona agrícola. Los opositores argumentan que el proyecto minero afectará sus actividades.
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