El caso de Gerald Oropeza y últimos asesinatos bajo la tesis del 'ajuste de cuentas' que tienen el sello de las mafias de drogas revelan el peligroso avance del narcotráfico en el Perú.
Oropeza puso otra vez en discusión el tema de la penetración del narcotráfico en el Estado. Aunque no es un tema nuevo, ha sido un 'sacudón' para el sistema judicial y político del país.
El narcotráfico mueve en el país al más de S/.20 mil millones y que en los últimos ocho años se lavaron más de S/.16 mil millones provenientes del tráfico de drogas, reveló El Comercio.
Y si a estas cifras sumamos que en las elecciones regionales y municipales del 2014 postularon 124 candidatos vinculados al narcotráfico, según el Ministerio del Interior, es evidente que la lucha contra este flagelo la estamos perdiendo.
¿Estamos camino a ser un narcoestado?
La procuradora antidodrogas Sonia Medina, quien tiene 13 años en el cargo, es quizá una de las personas que mejor conoce del problema. Es cauta pero realista al responder esta pregunta que le hizo El Comercio, porque en el pasado ha sido acusada, con cinismo, de causar pánico financiero cuando hablaba de lavado de activos.
"Si nosotros como Estado, pese a que tenemos herramientas legales y actores que deben cumplir su rol, seguimos en la misma inercia, indiferencia, incumpliendo la ley, por cegueras intencionales o ignorancias deliberadas [...] sí estamos camino a ser un narcoestado".
¿Los responsables? Todos debemos sentirnos un poco culpables, sostiene Medina. Este es un problema que nos afecta a todos como sociedad. Tiene razón, pero el adormecimiento de nuestros gobernantes de turno en la lucha antidrogas hace que nos sentimos en un estado de indefensión frente a las mafias de la drogas, señala el analista Rubén Vargas, experto en temas de nacotráfico.
Advierte que la Policía no incauta más del 7% de las 400 toneladas de cocaína que producimos al año. Encima, el Congreso ata de manos a la Unidad de Inteligencia Financiera al no aprobar facultades para que pueda levantar el secreto bancario y la reserva tributaria ante movimientos bancarios sospechosos. ¿A qué le temen los partidos que tienen representación nacional? Bueno, la pregunta es un poco ingenua, está claro.
Vargas señala que aún no somos un narcoestado por una razón sencilla: los cárteles de drogas no operan desde el Perú y este flagelo aún no copa el poder político. Pero el riesgo el creciente.
La narcopolítica
Los nexos de Oropeza con el Apra también ha puesto en relieve la relación política-narcotráfico, pero lo cierto es que esta se remonta a varias décadas atrás.
En los 80, el legislador aprista Manuel del Pomar fue condenado a cuatro años de prisión suspendida por tráfico ilícito de drogas; en los 90, la Fiscalía pidió 25 años de cárcel para Vladimiro Montesinos, tras el hallazgo de 165 kilos de cocaína en el avión presidencial, en 1996, aunque el 'Doc' fue absuelto.
En los casos da la última década resaltan el de la excongresista humalista Nancy Obregón, quien fue detenida y procesada por tráfico de drogas y financiamiento de Sendero Luminoso en 2013; y en el 2014 el de Facundo Chinguel, jefe de la Comisión de Gracias Presidenciales del segundo gobierno aprista, para quien la fiscalía ha pedido 17 años de cárcel por indultar a narcotraficantes a cambio de dinero.
Para Vargas, la relación entre política y narcotráfico es "cínica e impune". Incluso, sostiene que las candidaturas tienen precio en los partidos y movimientos. A eso se suma el dinero ilícito que financia las millonarias campaña. El objetivo es que las autoridades elegidas ayuden a lavar dinero del narcotráfico a través de la adjudicación de obras millonarias a empresas fachada, agrega el experto.
Medina señala que ahora hay más investigación y la prensa ayuda a destapar los casos, pero hay un problema de fondo. La procuradora sostiene que el Código Procesal Penal limita la defensa del Estado porque da más garantías del delincuente.
