Ayer, el Banco Central Europeo (BCE) subió una vez más el límite máximo de efectivo disponible para los bancos griegos bajo su mecanismo de emergencia ELA (asistencia de liquidez de emergencia), llevándolo a 76,900 millones de euros, 1,400 millones más que antes. Con esta medida, el ente –que parecería estar cansado de las negociaciones con Grecia– pretende mantener la presión sobre ese país durante las conversaciones entre el gobierno de Alexis Tsipras y sus acreedores internacionales en materia de reformas económicas y ayuda financiera.
Por si fuera poco, hoy, jueves, la agencia de calificación crediticia Moody's redujo la nota de la deuda soberana griega a Caa2 desde Caa1 y mantuvo la perspectiva negativa, debido a la incertidumbre sobre las posibilidades del país de afrontar sus próximos pagos y al debilitamiento de la economía. A ello se añade, dicen los analistas de Moody's, que "la debilidad de la economía y el entorno político frágil" ponen en duda que se pueda aplicar un programa de financiación a medio plazo.
Esta calificación ocurre en medio de dilatadas negociaciones entre Grecia y el Eurogrupo que hacen pensar que se está lejos de un acuerdo que restaure la financiación de la economía griega. Moody's no descarta que Grecia salga del euro.
Sin embargo, hay que recordar que en una nota del 24 de abril, el banco suizo Crédit Suisse consideró que –salvo algo extraordinario– el gobierno heleno no tendrá problemas en solventar los compromisos de mayo e incluso los correspondientes a junio.
El próximo vencimiento clave que tiene Grecia será el 12 de mayo (un día después de una nueva reunión con el Eurogrupo), cuando deba pagar una cuota de 780 millones de euros al FMI. Ese pago parece asegurado debido al congelamiento de pagos a los proveedores del Estado y a la confiscación de las reservas de cash de las entidades públicas resuelta por el gobierno a comienzos de la semana pasada.
Si no obtiene los 7,200 millones de euros del último tramo del plan de rescate, Grecia enfrentará el momento más delicado entre julio y agosto, cuando deberá pagar 6,600 millones de euros. Esos dos meses pueden ser cruciales para sus finanzas.
(Ilustración: David Simonds)
