Una herencia del exministro de Economía, Luis Miguel Castilla, es "el paquetazo". Entender que la única solución para "destrabar las inversiones" (otra herencia de Castilla) es la flexibilización de las normas ambientales e indígenas. Es decir, se ponen por encima de los derechos ambientales e indígenas, los derechos económicos de las grandes empresas.
Ahora, ya vamos por el cuarto paquetazo. En junio del 2014, se aprobó el Paquete Castilla. El pasado martes 7 de abril, la Comisión de Pueblos Andinos y Amazónicos del Congreso de la República aprobó el proyecto de ley N° 3941, "Ley de promoción de las inversiones para el crecimiento económico y desarrollo sostenible en las zonas de mayor exclusión social".
Como advirtió la congresista Verónika Mendoza (bancada AP-FA), el proyecto de ley promueve el otorgamiento de servidumbre con el argumento de promover las inversiones. Sin embargo, esta norma no toma en cuenta la situación de cerca de 4 mil comunidades de selva y sierra que no están tituladas. Con ello, cabe la posibilidad que se otorguen derechos sobre territorios que ocupan indígenas, lo cual generaría un conflicto y estaría atentando contra los derechos de estos colectivos.
Los defensores del proyecto afirman que las comunidades de la selva están protegidas, ya que no están comprendidas en la norma. Sin embargo, cuando se trata de casos de proyectos de generación eléctrica no hay excepciones.
Las comunidades y pueblos indígenas corren peligro de perder sus tierras. La Defensoría del Pueblo envió una carta al Congreso, en la que advierte:
"La norma podría aplicarse respecto de las tierras y territorios de las comunidades campesinas, así como respecto de las tierras forestales que se encuentran en cesión en uso a favor de los pueblos indígenas”.
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